La política fiscal es una de las más importantes para el bienestar de la población. Es la que finalmente garantiza el financiamiento de los bienes y servicios que permiten a las personas contar con pisos mínimos de calidad de vida, reducir las brechas y exclusiones, y efectivizar los derechos constitucionalmente establecidos. El presupuesto es el principal instrumento, ya que se integra con los gastos y las fuentes de recursos, incluyendo el endeudamiento.
Por el lado de los gastos, si bien Paraguay tiene un nivel relativamente reducido en comparación con otros países de la región y los países más desarrollados, hay espacio para reasignar recursos y ganar eficiencia. Esto es, particularmente, relevante para los casos de salud y obras, donde se observan flujos de recursos que deben ser evaluados a profundidad si son pertinentes y si ameritan su continuidad.
El sistema de salud requiere fondos para mantener las inversiones realizadas durante la pandemia y ampliar las coberturas, además de fortalecer la atención primaria.
La pandemia obligó a fortalecer los hospitales por la necesidad de atender a los enfermos por Covid-19, y no cabe duda de que el año 2023 será el momento de la prevención.
En cuanto a lo que sucede en el ámbito de las obras públicas, es necesario evaluar las obras ya realizadas y sus retornos sociales y económicos, así como las futuras a realizar. Después de una década de endeudamiento por la ampliación de la infraestructura vial, ya se debería haber tenido resultados, de manera que estas obras empiecen a contribuir con el pago de los compromisos de deuda que generaron.
La inflación continuará y, por lo tanto, también la precariedad en la vida cotidiana y el malestar social. La provisión de buenos servicios públicos será fundamental para mejorar no solo el ánimo, sino también la calidad de vida.
Ello exige recursos para garantizar acceso a protección social y educación, agua y saneamiento, electricidad, mejoras en las viviendas, todos pilares fundamentales del bienestar y para los que existen políticas públicas que deben ser fortalecidas y ampliadas.
En contraposición a la necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, nos encontramos frente a las restricciones del pago de una deuda que ya llegó a su límite y con las presiones derivadas de prácticas tradicionales clientelares.
Ante la incapacidad de una mayor recaudación tributaria, el pago de la deuda obligará a limitar los recursos que necesita la ciudadanía. Esta situación ya venía siendo advertida desde años atrás; sin embargo, no se oyeron los reclamos y los ciudadanos son quienes terminarán pagando la irresponsabilidad en el manejo de la deuda.
Por otro lado, ya empieza a observarse las demandas de grupos políticos, que aprovecharán la disputa por los votos para que políticos y autoridades económicas cedan ante sus pretensiones, desviando recursos que deberían ser destinados a toda la población. Esto se repite todos los años y se ha vuelto frecuente, particularmente, en las cercanías de las elecciones.
Frente a este escenario, la incertidumbre y pesimismo parecieran ser los sentimientos que prevalecen. No obstante, es posible todavía asumir que algún grado de responsabilidad existe y que a la par de poner a las necesidades de la población en el centro del Presupuesto 2023, se controlen el prebendarismo y clientelismo político. El Presupuesto 2023 presenta un gran desafío. Esperemos que prime la racionalidad política de políticos y autoridades, ya que el malestar ciudadano está creciendo.
