La política fiscal tiene dos herramientas fundamentales para sostener la estabilidad macroeconómica del país: la política tributaria y la política presupuestaria. En las próximas semanas nuestras autoridades estarán debatiendo una de las leyes más importantes de nuestra nación, porque tiene directa relación con el crecimiento económico y la orientación de las políticas públicas para resolver los necesarios ajustes hacia la calidad: la ley del Presupuesto General de la Nación, PGN 2020.
En un escenario de turbulencias políticas, de fragilidad económica y mal humor social, no podemos abandonar la importante discusión que demanda la arquitectura del destino de nuestros recursos económicos, de todos los paraguayos que aportamos a través de los impuestos (IVA, IRP, etc.) para el financiamiento del gasto y la inversión pública. La discusión es a dónde y de qué manera va a ser utilizado nuestro dinero.
Fuimos testigos, como observadores lejanos, de una reciente cumbre de poderes, realizada entre los tres presidentes de los Poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Sinceramente, no siento hoy la satisfacción de resultados, aunque destaco la iniciativa y argumentando que es el camino y es el principio necesario y fundamental para lograr una política de Estado. Si los paraguayos hemos sido capaces, y nos enorgullecemos de ello, de construir una política macroeconómica de Estado, que contiene la política fiscal, monetaria, cambiaria, considero que existen las condiciones para avanzar en una política presupuestaria de Estado. Y no me refiero a la ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene un techo del déficit del 1,5% del PIB. Me refiero al enfoque de una política presupuestaria sustentada en la calidad del gasto público.
La calidad del gasto público aborda los elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía y de asegurar desafiantes grados de equidad distributiva. La medición de la calidad del gasto debe incorporar la multidimensionalidad de factores que inciden el logro de los objetivos macroeconómicos y de política fiscal.
Los objetivos, metas e indicadores y arreglos institucionales del plan y presupuesto de los sectores de salud y educación deben priorizar aspectos de cobertura y de calidad, sin embargo se constata la dificultad de medir la contribución de los programas a la calidad del gasto público. Para que el presupuesto incida en mayor eficiencia y eficacia del gasto se requiere entre otros aspectos, una mayor vinculación entre las prioridades de política gubernamental, los marcos de gasto de mediano plazo y los objetivos estratégicos de los ministerios; integrar las evaluaciones en el proceso de priorización de gasto; focalizar las evaluaciones en áreas de alto impacto en el gasto público y en programas nuevos que expresen las prioridades de gobierno; ampliar la evaluación desde una perspectiva de revisión de gasto, extendiendo su horizonte como herramienta de gobernanza fiscal.
La política fiscal orientada únicamente al control cuantitativo de las finanzas no garantiza un adecuado manejo de la economía por parte del Estado. Este rol limitado de la política impide acciones contracíclicas y no considera el impacto de las finanzas públicas sobre los objetivos del desarrollo, el crecimiento de largo plazo y la distribución equitativa del ingreso, como lo estamos constatando en este escenario de caída en el crecimiento económico del país.
Nuestro querido país tiene la particularidad, que para bien o mal, el presupuesto lo construyen los tres Poderes del Estado. Particularidad porque el Ejecutivo propone al Legislativo un proyecto de PGN y el legislativo, no solo tiene la facultad de aprobar o rechazar, sino de modificarlo, ampliarlo o reorientarlo, crear nuevas partidas o cargos públicos. Tampoco el Ejecutivo es responsable de toda la ejecución, lo son además, con presupuestos propios, los poderes Judicial y Legislativo.
Considero que más que nunca es necesario promover, hasta la exigencia y el hartazgo, la madurez de nuestras autoridades que deben decidir, en breve, cuál será el destino de esos recursos derivados del esfuerzo y sacrificio de cada paraguayo, recomendándoles que no se dejen vencer por la tentación de oportunidades coyunturales de construir políticas prebendarias, orientando el gasto al empleo público clientelista. Que se enfoquen en la calidad que nos permita acceder como contraprestación de nuestra contribución a una mejor educación, salud y servicios públicos eficientes.
La responsabilidad que tienen nuestras autoridades es grande, como la grandeza que esperamos los ciudadanos que deseamos crecer en país con igual de oportunidades e inclusión social.