El juez de Garantías Rubén Ayala Brun decretó ayer la prisión preventiva en la Agrupación Especializada del policía que supuestamente daba cobertura al envío de drogas de la organización que presuntamente lideraba Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.
Se trata del suboficial inspector Humberto Rodríguez González, quien se presentó ante la Justicia. Fue asistido por el defensor público Eduardo Velázquez. Dijo que era inocente de los hechos que se le imputaban.
Según el fiscal Ysaac Ferreira, el mismo era miembro de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, y de integración de activos provenientes del narcotráfico al sistema financiero paraguayo, que era dirigida por Cabaña.
“Entre las funciones del hoy imputado como miembro activo de la organización, era el encargado de impartir instrucciones del jefe de la organización criminal Reinaldo Javier Cabaña a Hugo Ríos, otro integrante de la misma, para la coordinación de los envíos de cocaína a la República Federativa del Brasil”, refiere.
Además, apunta que “en su carácter de oficial de Policía, asignado al Departamento del Alto Paraná, brindaba la cobertura para la realización de todas las operaciones que realizaba el grupo mencionado”.
Supuestamente, Rodríguez tuvo intervención, junto con Cucho y Diego Medina, en el traslado de los 184.000 dólares sobrantes, de los 190.000 dólares del procedimiento de Nueva Londres.
Según el fiscal Ferreira, fue Rodríguez el que llevó el dinero de Coronel Oviedo a Asunción, para comprar las drogas para la organización criminal.
El dinero habría sido entregado –según la Fiscalía– en una estación de servicios de Coronel Oviedo, en la noche del 28 de agosto pasado.
La Fiscalía tiene a Rodríguez también como el que coordinó el 31 de agosto el envío al Brasil de 50 kilos de cocaína, que fue interceptada en Santa Terezinha, Brasil.
Igualmente, también habría alertado a Cucho de que estaban allanando las casas de sus amigos.
Rodríguez está procesado por los supuestos delitos de tráfico internacional de drogas, comercialización, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero.
El juez decretó su prisión en la Agrupación Especializada. Su defensa había requerido la eximición de medidas cautelares.