Los directores de estas entidades deberán informar sobre la distribución de los fondos desde el 2015 al 2020, los nombres de las personas beneficiadas, listado de las organizaciones no gubernamentales que recibieron dinero, además del detalle de quiénes son las personas que administran los recursos.
También se exige informar si el presidente de la República puede pedir o sugerir al director de la binacional un destino para los fondos.
El proyecto que integra los gastos socioambientales de las binacionales al Presupuesto General de la Nación (PGN) fue vetado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez por considerarlo inconstitucional.
El Senado rechazó el veto y ahora debe ser tratado en Diputados, donde se necesitan 41 votos para el rechazo.
Sin embargo, las bancadas coloradas se oponen al control de este dinero alegando que ninguna ley puede estar por encima de los tratados internacionales que rigen las entidades, por lo que pretenden aceptar el veto, para lo que sobran votos.
Los últimos roces entre Honor Colorado y Colorado Añetete, no obstante, significaron una leve esperanza para la oposición de contar con el apoyo del cartismo, que quedó enojado con la aprobación de oficialistas de la versión del Senado del proyecto de ley que apoya la agricultura familiar campesina, destinando USD 25 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Es posible que el proyecto sea tratado el próximo año.
Los opositores sostienen que los USD 100 millones son utilizados como caja chica del Partido Colorado para las elecciones. Por lo que con esta ley se blindan esos fondos para que solo sean destinados a salud, educación y ANDE.