Desde enero pasado, era lo que se escuchaba en los pasillos tribunalicios. Luego vino la interpretación de la Ley 609, que organiza la Corte, donde los miembros del actual Consejo de Superintendencia podían rotar en los cargos, pero después esto se dejó de lado.
También se dijo que había pedidos de parte del Ejecutivo para que sea Fretes el presidente, mientras que supuestamente los masones querían a Martínez Simón. Por supuesto, nada confirmado oficialmente.
Además, hace poco, miembros de la Comisión de Escrache dijeron que ellos querían que el presidente fuera el ministro Manuel Ramírez Candia, quien fue el segundo de los ministros nuevos que ingresaron.
Sostuvieron que debía haber una independencia de la Justicia y que, por eso, el ministro Ramírez Candia debía presidir la Corte. Que se debía seguir con el orden con que ingresaron, con lo que el año próximo debía ser Martínez Simón, y luego Llanes.
Ante la consulta de si no era lo mismo que se quejaban sobre imponer presidentes a la Corte, la vocera señaló que, en su caso, era lo que correspondía y que la ciudadanía lo necesitaba para continuar con los cambios en la Justicia.
En fin, desde que en junio de 1992 se juró la actual Constitución, siempre se escuchó sobre la independencia de los poderes de Estado. Esa trilogía de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que ninguno de ellos interfiriera en los demás, en un sistema de pesos y contrapesos.
Sin embargo, desde su concepción en 1992, en nuestra Ley Suprema tenemos una prevalencia del Legislativo sobre los otros poderes, hecha adrede para evitar que se repitiera la odiada dictadura.
Esa influencia se nota según quién esté al frente del Legislativo y el Ejecutivo, siendo el Poder Judicial el más permeable a imposiciones de los demás, al punto de que siempre se habla de que los presidentes son digitados en otro lado.
Es que las amenazas de juicio político a los ministros de la Corte por cualquier cosa, dependiendo del humor de los congresistas, hacen que no exista esa igualdad e independencia de la que hablaron los enciclopedistas al concebir el sistema de división del poder estatal.
Normalmente, en nuestro país, esas escaramuzas de juicio político se dan más porque los líderes no consiguieron algún favor o resolución requerida, y no porque realmente hace falta o corresponda.
La cuestión está en que, para que la Justicia mejore, deben tener independencia, y ella se debe dar desde el ministro de la Corte hasta el último juez de Paz de la más alejada localidad del interior.
Sin independencia, no existe forma de que puedan aplicar bien la ley. En la Corte y los demás magistrados, sean camaristas o jueces, la presión viene del Parlamento, del Ejecutivo, del Jurado de Enjuiciamiento (a jueces), de los grupos de presión, redes sociales y de la prensa.
A esto se suma también la falta de valentía de muchos magistrados que, por temor, van torciendo el Derecho para quedar bien ante la sociedad. Y ejemplos hay muchos.
Pero volviendo al tema central, creo que la mejor demostración de independencia judicial es dejar a los ministros que ellos mismos elijan sus propias autoridades sin ningún tipo de presión externa.
Si fueron electos para la Corte, creo que por algo están ahí. Deben demostrar su capacidad y evitar que las presiones influyan en sus decisiones. Eso hará que aflore la verdadera justicia.
Sé bien que parece todo muy idealista, pero de ahí se parte para luego ir a la acción. La verdadera justicia se impondrá desde el momento en que haya independencia para sacar una resolución justa.
