Seis partidos de la oposición presentaron la moción de destitución de Yoon, bajo el cargo de haber “violado grave y ampliamente la Constitución”.
El mandatario impuso el martes la ley marcial por primera vez en más de cuatro décadas.
La medida fue inicialmente revocada por los legisladores, que consiguieron entrar al Parlamento bloqueado por las fuerzas de seguridad y rodeado por miles de manifestantes, y finalmente abrogada por el propio Yoon.
La confusión reinó por horas en esta potencia económica regional que alberga una importante base estadounidense desde la guerra (1950-53) que dividió a la Península coreana entre un norte comunista y un sur de economía capitalista y desde 1987 con sistema democrático.
EN LA CUERDA FLOJA. Y dejó en la cuerda floja a Yoon, un político conservador y ex fiscal estrella, elegido presidente en 2022.
La moción de destitución, que podría votarse mañana y debe contar con una mayoría de dos tercios para ser aprobada, afirma igualmente que la intención de Yoon era “evadir investigaciones inminentes (...) sobre presuntos actos ilegales que lo involucran a él y a su familia”.
El Partido Demócrata, el principal de la oposición, presentó además una denuncia judicial por “insurrección” contra el presidente y algunos de sus ministros y contra altos mandos militares y policiales, pasible de cadena perpetua o incluso de la pena de muerte.
Miles de surcoreanos marcharon el miércoles en Seúl con pancartas y velas para reclamar la destitución del jefe de Estado por haber sumido al país en una situación que amenazó sus casi 40 años de democracia.
“Tenemos que defenderla (la democracia), no hay otra posibilidad”, afirmó Shin So-yeon, una manifestante de poco más de 20 años.
Lo ocurrido “fue como una lección de historia”, consideró Park Su-hyung, de 39 años. “Nuestra democracia será pisoteada si dejamos que el señor Yoon permanezca en el poder”, agregó.
HUELGA GENERAL. La mayor organización sindical llamó a una “huelga general indefinida” hasta que el presidente renuncie.
El ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, presentó el miércoles su dimisión y asumió “toda la responsabilidad por la confusión y preocupación causada al pueblo con respecto a la ley marcial”. La Constitución de Corea del Sur estipula que la ley marcial debe levantarse si una mayoría del Parlamento lo pide.
