Campesinos, mineros y transportistas y otros trabajadores mantienen desde hace más de un mes protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
“Queda sancionada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, tras aprobarse la norma, luego de 15 horas de sesión ininterrumpida, que concluyó en la madrugada.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá un mayor uso de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones.
Hasta ahora la participación de los militares ha sido limitada, así como el desplazamiento de pertrechos y cantidad de efectivos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos de desbloqueo de vías.
El sábado se registraron fuertes choques entre policías antimotines y campesinos en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis uniformados y 14 civiles heridos.
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Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.
Este artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza, si es necesario, en situaciones de conflicto.
Un último antecedente es el caso de varios jerarcas castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados, por enfrentamientos con civiles, tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Fuente: AFP.
