Mediante el Decreto 4230, con fecha 21 de julio, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 7445/25 de la Función Pública y el Servicio Civil, cuyo tratamiento había generado un fuerte debate, principalmente ante la resistencia de los funcionarios públicos, teniendo en cuenta que fue elaborada para ser más estricta en el control y que entró en vigencia la semana pasada.
El documento establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, sea la autoridad de aplicación para todas las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, con facultad legal para la emisión de disposiciones administrativas y operativas.
Mientras tanto, para las instituciones públicas con autonomía constitucional y que no componen el Poder Ejecutivo establece que se constituyen en su propia autoridad de aplicación en materia de la función pública.
En su artículo tercero, también faculta al MEF a establecer la gradualidad para la aplicación de los aspectos regulados en la normativa, en concordancia con las disposiciones presupuestarias vigentes, mientras las demás autoridades fuera del Poder Ejecutivo, también deben establecer su implementación gradual.
Finalmente, el artículo 4 del decreto dispone que el Ministerio de Economía se constituya como la autoridad rectora en materia de política de remuneraciones para las instituciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación. Se trata de uno de los puntos más cuestionados en la actualidad por parte de algunos entes.
Al respecto, el abogado y consultor Jorge Rivas lamentó que muchos gobiernos locales o municipales argumentan que la ley afecta a la autonomía municipal.
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“Esto se toma para argumentar que esta ley viola la autonomía municipal. Y aquí yo me permito presentar una discrepancia. Antes de la vigencia de esta nueva ley, en la práctica, de todas maneras, el rector de la política salarial era luego el MEF (Con la Secretaría de la Función Pública). (…). Como no han cambiado las reglas, no puedo comprender qué parte de la autonomía municipal viola esta norma, siendo que es el modo de proceder que tenemos en materia de administración pública desde hace al menos veinte años”, expresó en entrevista con ÚH.
Instó a todas las autoridades a que reglamenten la normativa, ya que; de lo contrario, advirtió que deberán regirse por la reglamentación del Viceministerio de Capital Humano del MEF.
Otro de los puntos llamativos de la nueva Ley de Servicio Civil es la autorización para el uso de inteligencia artificial (IA). El texto permite a los funcionarios y empleados públicos emplear herramientas de IA, siempre que el contenido generado sea asumido en su totalidad por cada uno y sea comunicado previamente el uso.
Desde el MEF destacaron también que la nueva ley hace más estricto el sistema de ingreso de los funcionarios, cuyo fin es evitar el nepotismo. La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picaso, aseguró que la norma no busca desvinculaciones masivas.
