Una de estas acciones fue la presentación, vía información pública Ley 5282, de un pedido de consideraciones oficiales tanto a la Contraloría General de la República (CGR) como a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre la inauditabilidad de los fondos de todas las entidades binacionales.
El pedido abarca un total de tres consultas que son las mismas para ambas entidades. La primera es una explicación de los motivos por los cuales la Contraloría y la DNCP no realizan auditorías a la Itaipú Binacional y los argumentos legales.
Luego se solicita la remisión de cualquier resolución, directiva, memorándum o acuerdo que invoque la CGR o la DNCP para eximir de auditorías a la entidad binacional Itaipú.
FONDOS PÚBLICOS. Finalmente, le solicita a la CGR y a la DNCP responder si el dinero ingresado al lado paraguayo se consideran fondos públicos. En caso de que la respuesta sea negativa, ambas entidades deben explicar los motivos.
URGIMIENTO. La segunda acción que presentó la ex senadora es un urgimiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver un amparo constitucional presentado en el 2022 cuando González era aún diputada y su colega de ese momento, Édgar Acosta del PLRA. En ese amparo constitucional, ambos legisladores solicitaron a la CSJ el rechazo, de manera a eliminar por extemporánea a la excepción de inconstitucionalidad presentada por la Itaipú Binacional para no tener que transparentar sus compras públicas.
CUESTIONAMIENTOS. La Itaipú Binacional pagó USD 32 millones por 330.000 juegos de muebles escolares a fines de diciembre. Según documentaciones, esta compra estaría direccionada a la firma Kamamya SA.
Además, ahora llevan adelante seis licitaciones por un total de USD 11 millones, entre servicios de telefonía móvil hasta la contratación de seguros. Por lo mencionado anteriormente, las próximas compras de la Binacional generan bastante preocupación.
