EFE
El anteproyecto, que fue presentado en el Congreso en una audiencia pública a la que asistieron representantes de los trabajadores de los medios, reconoce como periodistas a quienes “de manera independiente, esporádica o regular” se dedican a investigar, analizar y difundir información a través de cualquier plataforma de difusión.
La diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, Olga Ferreira, una de las impulsoras del anteproyecto, destacó que el texto se ha desarrollado tras estudiar leyes similares que ya existen en Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y México, países que según ella tienen “problemas similares” al de Paraguay.
Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, dijo durante el acto que con el anteproyecto se busca evitar que la violencia contra los comunicadores en Paraguay alcance la de algunos de esos países.
“Estamos sufriendo una situación de violencia muy grande, creemos que estamos en el momento preciso de actuar para evitar que esto se desborde y lleguemos a cifras como las que hoy tenemos en Colombia o en México, países marcados por la violencia contra los periodistas”, afirmó.
De acuerdo con Ortiz, la violencia en Paraguay contra los profesionales de los medios es “producto de la instalación de un modelo de narcopolítica en muchos casos, de un modelo de represión en otros, y de explotación laboral también en muchos casos”.
El término “narcopolítica” cobró fuerza en Paraguay en 2014 con el asesinato de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC conocido por sus trabajos sobre la supuesta implicación de algunos políticos con las redes de tráfico de marihuana en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil.
Está previsto que el anteproyecto sea debatido entre los diputados y las asociaciones sindicales antes se ser tratado en las Cámaras, para lo cual no hay una fecha establecida.
Diecisiete periodistas han sido asesinados en Paraguay desde 1991, el 40 % de ellos entre febrero de 2013 y junio de 2015, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente informe, publicado a mediados de abril.
La SIP advirtió del peligro del trabajo de los informadores paraguayos en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde las organizaciones ligadas al narcotráfico “han permeado las instituciones políticas”.
