Recién esta semana las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y de Derechos Humanos tienen previsto analizar, atendiendo que por moción de preferencia se acordó que se tratará el próximo jueves 19.
De acuerdo a un sondeo realizado entre los senadores, la principal preocupación de la propuesta legislativa tiene que ver con las sanciones.
Se indicó que, así como está la propuesta, es bastante desprolija y para el estudio se recurrirá a la legislación comparada en base a la experiencia de otros países.
Se maneja la posibilidad de, incluso, postergar el estudio hasta el reinicio del periodo parlamentario, a partir de marzo próximo.
El anteproyecto había sido presentado por la organización Semillas para la Democracia y se hicieron cargo varios senadores de distintos partidos políticos.
La iniciativa cobró fuerza luego de la presión ciudadana y periodística para que se dé a conocer el listado de funcionarios y sus salarios, específicamente del Congreso.
Finalmente, se pudo acceder a esta información y luego otras instituciones también se fueron sumando a la práctica de publicar datos.
El proyecto de ley reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional, que hace referencia al derecho de las personas a informarse.
sanciones. El proyecto, que está en estudio en el Senado, establece sanciones pecuniarias a funcionarios que nieguen información (ver info).
En el artículo 30 se indica que toda decisión firme del Poder Judicial que ordene la entrega de información pública debe cumplirse en los plazos previstos.
Se establece que el importe será a favor del solicitante perjudicado, y que las condenas se graduarán entre 90 y 300 jornales mínimos para el funcionario público encargado de entregar la información y el máximo responsable de la repartición pública.
Partiendo de la base de que el jornal diario es de G. 63.778, en el caso de 90 jornales la sanción sería de G. 5.740.020, y de 300 jornales, G. 19.133.400.
Otras sanciones a ser establecidas son la suspensión en el cargo sin goce de sueldo hasta 30 días y, en caso de reincidencia, la destitución e inhabilitación para ejercer la función pública por un plazo de cinco años.
ley de medios. El sector del Frente Guasu sigue trabajando en una propuesta referente a una ley de medios, que más bien apunta a evitar el monopolio. Todavía no está lista.