El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentará ante las Naciones Unidas (ONU) su preocupación por la intervención militar en tareas de seguridad interna en el Norte del país, que es incompatible con el Art. 4 del Pacto de San José.
Según el comunicado, “esta medida crea un continuo estado de excepción de facto, debido a la subordinación de las autoridades y funcionarios civiles del Poder Ejecutivo al mando militar y al empleo operacional de medios de combate en acciones de seguridad interna, sin contar con la limitación de un término de vigencia que controle el otorgamiento de las facultades extraordinarias y eliminando el control constitucional del contrapeso del Poder Legislativo”. Además, explica que “la ley no limita temporalmente de un modo expreso la militarización de la seguridad interna y el decreto específico dispone, sino da la adopción de las facultades extraordinarias. Esta medida no se encuentra estrictamente limitada a las exigencias de la situación”.
Asimismo señala que, “la intervención militar en la seguridad interior rompe con el criterio de especialización de las fuerzas públicas, ya que el empleo de elementos de combate en cuestiones de orden público debilita el respeto de los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, distinción y humanidad que debe regir el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley”.
