EFE
El magistrado tomó la decisión tras acoger de forma parcial unos recursos presentados por la familia y el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, querellantes en la investigación que busca aclarar la verdadera causa de la muerte del poeta, ocurrida el 23 de septiembre de 1973.
El cuerpo del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 fue exhumado el 8 de abril de 2013 desde la Casa Museo de Isla Negra, localidad del litoral central chileno, a unos 120 kilómetros al suroeste de Santiago.
La investigación se inició tras una denuncia de que el autor de “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada” no murió a consecuencia de un cáncer, como señala la versión oficial de su deceso, sino que pudo ser asesinado por agentes de la entonces naciente dictadura de Augusto Pinochet.
Fuentes judiciales dijeron este lunes que el juez dispuso “dejar muestras óseas en reserva”, conforme a los parámetros y consejos del grupo de estudio genómico que ha estudiado las muestras extraídas de los restos.
También los expertos deberán señalar el lugar donde han de mantenerse las muestras en las condiciones que requieren los peritos.
La resolución de Carroza fue notificada al Servicio Médico Legal (SML), al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y a la Fundación Pablo Neruda, con el fin de que adopten las medidas que para cada caso se requieran en cumplimiento de la diligencia.
Pablo Neruda (1904-1973) murió pocos días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet en Chile, presuntamente a causa de un cáncer de próstata, pero en 2011, tras una denuncia presentada por el Partido Comunista chileno, se abrió la investigación sobre las causas de su muerte.
La denuncia se basó en declaraciones de Manuel Araya, antiguo chofer de Neruda, quien afirmó en una entrevista con la revista mexicana Proceso, que el poeta había sido envenenado por agentes de la dictadura mediante una inyección que le fue suministrada en la clínica en la que estaba ingresado y en la que falleció.
El juez confió las pericias científicas a un grupo de expertos chilenos y extranjeros, que en noviembre de 2013 concluyeron que Neruda no había muerto envenenado.
No obstante, el juez no dio por cerrada la investigación, porque pese a los resultados de las pruebas, no podían descartar aún la posibilidad de que el poeta hubiese sido asesinado.
Desde entonces los querellantes del caso han solicitado otras diligencias que no han cambiado radicalmente las primeras conclusiones.
El pasado 21 de enero, el Gobierno se hizo parte del caso a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el objeto de colaborar al “esclarecimiento de los hechos, por cuanto existen antecedentes de que este caso podría consistir en un crimen de lesa humanidad”, dijo entonces Francisco Ugás, secretario ejecutivo de dicha instancia.
La devolución de los restos de Neruda, según fuentes del caso, puede significar que el juez Carroza emitirá próximamente el fallo de la causa.
