A esto se suma, que la joven de nombre Silvana Busto Adorno, se jacta de haber recurrido al nepotismo por haber sido nombrado en un puesto público.
Los cuestionamientos sobre Adorno, también pesan por su gestión como gobernador. Hace una semana, la Fiscalía de Delitos Económicos realizó un allanamiento en la sede administrativa de la gobernación del Alto Paraguay, ubicada en Asunción, para el seguimiento de posibles hechos irregulares ocurridos durante su gestión.
La denuncia fue realizada por los concejales de la Gobernación.
Informe. La Contraloría General de la República (CGR) realizó una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Gobernación de Alto Paraguay, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Además, realizaron visitas en obras del 5 al 10 de julio y del 19 al 23 de julio del 2021.
Entre las conclusiones que arrojó el informe se destacan las siguientes irregularidades; la Gobernación de Alto Paraguay transfirió fondos por G. 2.265.093.988 al Vicariato Apostólico del Chaco, sin que este se dedique al rubro de la construcción ni esté contemplada en sus objetivos como ONG, según el Acta de Constitución, no ajustándose a lo dispuesto en el Anexo A del Decreto 3264/2020, por lo cual se reglamenta la Ley 6469 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020”. El ente administrado por Adorno tampoco realizó los controles pertinentes a los contratos de obras suscriptos entre el Vicariato Apostólico del Chaco y los contratistas, documentos que respaldan las transferencias recibidas.
Primera fiscalización. La Primera Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la CGR a la Gobernación de Alto Paraguay fue al ejercicio 2017 y del primer y segundo cuatrimestre del 2018.
En esta primera fiscalización ya se encontraron varias graves irregularidades. Según la Ejecución Presupuestaria, en el Grupo 500 (inversión física) se pagó G. 12.857.842.715, pero las órdenes de pago solo respaldaban la suma de G. 11.403.730.634. En conclusión, la suma de G. 1.454.112.081 no posee documentos de respaldo.
Finalmente, la gobernación realizó adquisiciones diversas (becas, aportes, subsidios y otros destinos más) por G. 1.272.507.611 sin poder presentar documentos respaldatorios.
