Ortega y Gasset no es lo mismo que “Ortega y también Gasset”, como dijo el secretario privado del presidente Stroessner. Un revólver calibre 38 no es lo mismo que un revólver calibre “38 milímetros”, como dijo la Fiscalía en el juicio de Curuguaty.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, figuran el revólver de “38 milímetros” y una escopeta de “12 milímetros”. Internet informa que el calibre se mide en milímetros o en pulgadas; así, un revólver 38 dispara balas de un diámetro de 0,38 pulgada (38 milímetros es calibre de cañón). Tratándose de escopetas, el calibre 12 equivale al diámetro de una de las 12 esferas iguales en que puede dividirse una libra de plomo. El error no se refiere solo al calibre, sino a que el revólver pertenecía a un empleado de Riquelme y la escopeta no se encontraba en el lugar del hecho, la matanza del 15 de junio de 2012. La defensa rechazó las pruebas de la Fiscalía por estas y otras anomalías (ver el interesante artículo de Miguel López, “Los dos cocos de Jalil”, ÚH, 1/8/13).
Pero hay algo más, y es que se ocultan a la defensa los documentos del terreno disputado, que el Poder Ejecutivo reclama como fiscal y Campos Morombí (empresa de Riquelme) reclama como suyo. El terreno es fiscal, dijo la oficina de Registros Públicos, que sin embargo no permite ver los documentos de la propiedad (ÚH, 1/8/13). Obviamente, esta es una prueba fundamental en el caso, porque el conflicto comenzó con una reclamación de los campesinos, que ocuparon el lugar esperando que el Indert se lo adjudicara.
Aun sin verse los documentos, la afirmación de Registros Públicos basta para desvirtuar la acusación de que se ocupó un terreno privado con mala fe. Lo más grave del caso fue la muerte de dieciocho personas, que la Fiscalía no se tomó el trabajo de investigar: nadie está imputado por homicidio. Con acusaciones imprecisas de otros delitos, se mantiene presas a varias personas desde hace más de un año. Aparentemente, no existe interés de las autoridades por aclarar qué pasó, aparte de lo que todos sabemos, que murieron dieciocho personas.
¿Por qué se ocultan los documentos públicos? ¿Se pretende proteger a ciertas personas influyentes? Por definición, esos papeles son públicos, y deben mostrarse a los interesados; con mayor razón, cuando de eso depende la marcha de un caso tan grave como el de Curuguaty.
El manejo del caso muestra un conflicto interno del Estado. Desde 2004, el Ejecutivo trata de recuperar esas tierras, donadas por La Industrial Paraguaya; desde entonces, el Poder Judicial se lo impide, con distintas martingalas. Esto no es equilibrio, sino anarquía de los poderes del Estado. Es también una parcialidad abierta del Judicial a favor de Campos Morombí, y quizás a favor de los propietarios rurales en general. Todo parece indicar que se quiere atemorizar a los campesinos para que no vuelvan a inquietar a los terratenientes; por eso el asunto llegó a instancias internacionales. Es de esperar que el próximo gobierno haga algo para corregir el abuso.