21 jul 2026

Por G. 200.000, jefe policial dejaba a adictos en la Comisaría de Eusebio Ayala

Un comisario fue detenido este lunes por supuestamente ofrecer la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, como un “centro de rehabilitación” para personas adictas, a cambio de sumas de dinero.

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El comisario Juan Ángel Ferreira Méndez, jefe de la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala, fue detenido tras un allanamiento en la dependencia policial.

Foto: Gentileza.

Se trata del comisario Juan Ángel Ferreira Méndez, jefe de la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala, quien fue detenido tras un allanamiento en la dependencia policial.

Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado con acompañamiento de la fiscala de la Unidad Penal 2, zonal de Eusebio Ayala, María Lucía González Palma, procedieron al allanamiento de la dependencia policial, en cumplimiento al mandamiento de allanamiento firmado por la jueza penal de Garantías Silvia Cáceres.

Los intervinientes incautaron varios documentos, dos celulares, una pistola calibre 9 milímetros, procedencia Israeli, con 10 cartuchos sin percutir y un DVR.

Según los datos, el comisario presuntamente pedía dinero a familiares de tres personas adictas a estupefacientes para tenerles en la Comisaría para supuestamente rehabilitarle de sus adicciones.

Sin embargo, el 9 de agosto, se presentó en la Fiscalía el familiar de una de las personas privadas de libertad en la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala a manifestar que desde hace ocho meses atrás el comisario Juan Ferreira supuestamente le exigía sumas de dinero por valor de G. 2 millones y en forma semanal G. 200.000, para mantenerle a su hijo adicto en la sede policial, para tratar su adicción, como un centro de rehabilitación.

La privación de libertad se daba por ocho, 15 y 25 días. La persona adicta permanecía en el calabozo, realizaba tareas en la propia Comisaría o, inclusive, en la casa quinta del comisario, junto con otros privados de su libertad.

Las víctimas supuestamente llegaron a pagar aproximadamente G. 50 millones. Entre ellas hay personas que se encuentran fuera del país.

Cuando los familiares ya no podían pagar las sumas de dinero, el comisario supuestamente informaba al Ministerio Público sobre presuntos hechos cometidos por las personas a quienes tenía privadas de su libertad.

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