En los primeros ocho meses del año se registraron 2.284 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Estos solo los que fueron denunciados. ¡Cuántos permanecerán en la opacidad e impunidad!
Y aún más preocupante, cuántos pedófilos y otros delincuentes sexuales están sueltos y conviven entre nosotros.
La compañera del diario Marcia Martínez nos informaba el domingo que existe un proyecto de ley del diputado Rodrigo Blanco para aumentar medidas de protección contra agresores sexuales, y plantea establecer un registro nacional de agresores sexuales y un banco genético. Además de la obligatoriedad de presentar certificado expedido por el Registro Nacional de Agresores Sexuales a todos aquellos que vayan a trabajar directa o indirectamente con niños. Es decir, será un documento exigido para trabajar en ámbitos infantiles y juveniles.
Cuántos casos y con qué frecuencia nos enteramos de entrenadores, sacerdotes, maestros/as, pediatras, responsables de hogares o pastores que abusan de niños y que quedan impunes. Algunos solo se trasladan a otro punto del país y continúan con sus andanzas.
En el país, los cambios siempre demoran en llegar. Muestra de ello es el Código de la Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia en 2001, diez años después de que el país ratificara la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y tras largos años de discusión.
Lo que plantea el diputado Blanco existe en casi todos los países del mundo. Algunos de ellos cuentan con tales instrumentos desde hace muchos años; otros lo crearon recientemente. La idea es disponer con más herramientas para prevenir a la sociedad, reducir las chances de acción a los agresores sexuales, normalmente reincidentes, advirtiendo a las comunidades sobre ellos.
Por eso, qué bien que se proponga este tema, del cual damos por descontado, se someterá a un debate que trascienda el Congreso Nacional. Digo esto porque es necesario decidir si ¿un banco de datos genéticos debe incluir ADN solo de condenados o también de un sospechoso o de un imputado o solo de los reincidentes?
Además, ¿si la información allí contenida estará reservada solo a las autoridades policiales y fiscales o estará disponible a todo público? ¿Hasta qué punto el derecho a la intimidad debe prevalecer frente a otros como el interés superior del niño? Por otra parte, la propuesta del diputado, ¿es parte de una política de Estado?, lo que implica haber discutido con los otros poderes para que sea tal. Suponemos que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia está involucrado en este asunto.
En la región, todos los países ya cuenta con el registro que ahora se pretende crear en Paraguay.
La idea es que la comunidad sepa de los antecedentes de esto, y adopte las medidas para evitar que se desempeñen en instituciones donde vayan a tener contacto con chicos.
Estas medidas, en el fondo, lo que buscan es tener más acorralados a los agresores, los que hoy ampliaron sus actuaciones, utilizando internet para llegar a sus potenciales víctimas.
Hay tantos que deben incorporarse a ese registro de agresores sexuales, condenados por agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, explotación sexual o corrupción de personas menores de edad.
Iniciativas como la que comenzaremos a discutir en el Paraguay son necesarias y deberían estar en la agenda de prioridades del Congreso. Pero deben formar parte de un conjunto de acciones cuya suma aumente la protección contra todo tipo de violencia.
Más aún, cuando se trata de afrontar hechos que, según las estadísticas, suelen tener lugar dentro de la propia familia o en otros espacios de confianza.
Alentemos, entonces, a los legisladores para que amplíen su mirada y analicen con suficiencia un proyecto de ley que, aunque tarde, ya está planteado. Es lo importante.
