Una foto que se remonta al tiempo en que se maquinaba como apropiarse de la propiedad de 4,5 hectáreas del Área Silvestre Protegida deja entrever el buen relacionamiento de Édgar Melgarejo con el entonces poderoso senador Óscar González Daher. También el intendente de Luque, Carlos Echeverría, sonríe al lado de su padrino político. En la mesa, lo que serían los planos de la vasta propiedad estatal, desmembrada por artilugios jurídicos y maniobras en el Congreso y rebajada de su categoría de Área Silvestre Protegida bajo dominio privado.
Las activas negociaciones entre los integrantes que se observan en la foto no tendrían mayor importancia para este artículo, sino fuera porque allí estaba quien luego se quedó con el valioso terreno.
Cronología. El pedido de desafectación de una parcela de Ñu Guasu fue en principio para cumplir puntos de un acuerdo entre el Municipio de Luque y Dinac, por la que el primero recibía en compensación 4,5 hectáreas sobre la avenida autopista, en virtud de un convenio en que también Dinac ocupaba varias parcelas de propiedad luqueña en la zona aeroportuaria. No obstante, la ambición llevó a otra cosa. Cuando el proyecto llega al Senado a inicios de 2016, el senador Óscar González Daher ejerce su poder dentro la Cámara y el documento recorre varias comisiones en donde le dan dictamen favorable, sin reparar en lo que se estaba gestando.
Más evidente fue el tratamiento en Diputados, comandado entonces por el ex diputado y hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, donde el trámite fue rápido y sin mucho debate.
La aprobación ya estaba orquestada y dieron aval al documento 57 diputados a favor y nadie se opuso.
Era el 6 de diciembre y, a juzgar por los acontecimientos posteriores, quiénes orquestaron todo el plan querían que el Área Protegida pierda su categoría para luego no tener problemas de vender y debía ser antes del fin de ese año. Una semana después de que se sancionó el documento, la Municipalidad de Luque a cargo de Echeverría, recibió oferta por el terreno.
Rápidamente, la Junta luqueña, presidida entonces por Rubén González, hijo de Óscar González Daher, llevó a estudio y puso a consideración la venta del terreno el 27 de diciembre que fue aprobada. Hubo oposición, pero la Junta era controlada por los colorado.
El consorcio privado Santa Ana SA, de la que era vicepresidente el recientemente renunciante titular de la Dinac, propuso pagar G. 24.335.566.100 por la totalidad de 48.371 metros cuadrados de superficie, un precio irrisorio considerando el valor de mercado de USD 700 el metro cuadrado.
La Junta Municipal hace un mes requirió información acerca de la situación del pago por parte de Santa Ana, que aún adeuda aproximadamente G. 9.000 millones.