Defraudando las expectativas ciudadanas y traicionando los esfuerzos realizados por sectores del Poder Ejecutivo y gran parte de la sociedad civil, los miembros de la Cámara de Senadores, en las sesiones del miércoles último, no concluyeron el estudio de ningún proyecto de los tantos que fueron presentados, que plantean el recorte de altos salarios de funcionarios estatales y la reducción de privilegios en el sector público, incluyendo los de los propios legisladores y otras autoridades.
Lo llamativo es que mientras estos recortes son impulsados, entre otras medidas drásticas, por el propio Poder Ejecutivo, sin embargo los senadores que responden al mismo sector político en la bancada del movimiento Colorado Añetete prefirieron desentenderse del tratamiento de los proyectos y abandonar la sesión junto a integrantes de otras bancadas, dejándola al borde del cuórum.
Los pocos que permanecieron en la plenaria para estudiar los proyectos que contemplaban eliminar cupos de combustible y establecer topes salariales, ya no lo pudieron hacer por falta de consenso y por quedar en minoría.
Uno de los proyectos que iban a tratarse, presentado por el senador Sergio Godoy, busca prohibir compras y contrataciones superfluas, fija topes salariales y otras medidas de racionalización. Contempla que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, en consonancia con lo impulsado por el propio Poder Ejecutivo. Además, prohíbe que las autoridades tengan un seguro de salud pagado por el Estado, ni cupos de combustible y propone cortar el pago de teléfonos particulares de los estatales, eliminar servicios de cátering (alimento, bebidas) y arreglos florales. También plantea prohibir la publicidad estatal en medios privados y limitar los viajes.
Tampoco se pudieron reunir los votos necesarios para que la Cámara de Senadores se constituya en comisión para dictaminar y tratar el Protocolo Adicional firmado por los cancilleres de países del Mercosur, que plantea eliminar las elecciones de parlamentarios del Parlasur, que permitiría evitar un gasto dispendioso en legisladores cuya función es prácticamente nula. El presupuesto 2020 destinado al Parlasur es de G. 17.542.784.070, monto que podría destinarse a la salud en esta emergencia. Se necesitaban 23 votos para la supresión de este organismo, pero la bancada oficialista de Colorado Añetete abandonó la sesión y boicoteó la iniciativa defendida por su propio líder, el presidente Mario Abdo Benítez.
Aunque hay promesas de volver a tratar estos temas en la próxima semana, la urgencia es ahora. Al parecer, ni siquiera ante la grave amenaza de la pandemia del Covid-19 los políticos están dispuestos a renunciar a sus abusivos y cuestionados privilegios.
Esta es una actitud mezquina, egoísta y cobarde de la que deberán responder ante una población sufriente, cada vez más exigente y de cuya paciencia ya se ha abusado bastante.