Bajo las órdenes de la fiscala Lilian Ruiz alrededor de 500 efectivos policiales apoyados con carro hidrante, de la montada y un helicóptero, se llegó hasta el sitio denominado por los ocupantes como asentamiento Cristo Rey.
Más de 100 personas involucradas con el ingreso ilegales del predio intentaron impedir la llegada de la comitiva policial-fiscal cerrando el acceso al lugar.
A pesar del intento de diálogo de la comitiva interviniente, los ocupantes no quisieron entrar en razón por lo que las autoridades encargadas de despejar el camino y la propiedad invadida tuvo que utilizar gases lacrimógenos y balines de gomas para dispersarlos a los ocupantes.
el presunto dueño. La zona ocupada forma parte de alrededor de 7.000 hectáreas pretendido por el ganadero Montaner, de la Agroganadera Capibara.
“Las 700 hectáreas ocupadas por los supuestos sintierras es la reserva forestal, según el propietario, esta era una zona de tupido monte y que los ocupantes se encargaron de deforestar”, así mismo dijo que “cuentan con las documentaciones y que no está interesado en vender, pidió garantías al Gobierno para poder tomar posesión de lo que legítimamente le corresponde”.
sin heridos ni detenidos. Pese al uso de la fuerza durante el operativo no se registraron detenidos, como así también no hubieron heridos.
Los invasores tuvieron que empezar a dispersarse cuando los efectivos policiales recibieron la orden de utilizar los gases lacrimógenos. Las personas se internaron en una zona boscosa, buscando.
La fiscala interviniente, Lilian Ruiz manifestó que en su unidad existen ocho causas abiertas relacionadas con esta misma propiedad.
La representante del Ministerio Público sostuvo que lamenta que estas personas esten siendo utilizadas por la Federación Nacional Campesina, (FNC) “ahora reciben apoyo entre comillas de la Federación y son muy belicosos por lo que la Policía tuvo que hacer uso de la fuerza. Excelente la labor policial, gracias a eso, el operativo fue un éxito”, señaló Ruiz.
Los antecedentes señalan que la propiedad fue desalojada por las autoridades quinta ocasión. Según los ocupantes, esta propiedad es parte del Estado, pero es usurpada por un supuesto propietario que nunca presentó los documentos que alega tener.
Unos 500 policías utilizaron gases lacrimógenos y balines de gomas para dispersar a los presuntos campesinos.