La Contraloría General de la Unión (CGU) indicó que en la operación se “investigan irregularidades en el proceso de contratación de la Covaxin” y la “presentación de documentos falsos y emisión de garantías sin idoneidad, con un perjuicio que puede superar los 500 millones de reales (USD 91 millones )”.
En junio, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunció la suspensión del contrato con Precisa Medicamentos, a raíz de una investigación de una comisión del Senado que concluyó esta semana con graves acusaciones contra el presidente Jair Bolsonaro y casi 80 personas por presuntas irregulares en el combate a la pandemia.
El pasado 23 de julio, el laboratorio indio rescindió el contrato con Precisa Medicamentos debido a esas supuestas irregularidades y en agosto el Gobierno brasileño canceló, con carácter definitivo, su acuerdo con la farmacéutica brasileña.
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La comisión parlamentaria concluyó esta semana que el líder de la ultraderecha brasileña cometió durante su gestión de la pandemia lo que calificó de crímenes contra la humanidad y otros delitos, entre los que incluyó las negociaciones para la frustrada compra de la vacuna de Bharat Biotech.
La operación de este jueves, que incluyó 11 órdenes de allanamiento en las ciudades paulistas de Sao Paulo y Campinas y en la capital Brasilia, aprehendió documentos sospechosos presentados por la empresa ante el Ministerio de Salud y otros órganos oficiales, entre ellos la propia CGU.
“Hay una carta fianza irregular emitida por otra empresa que no tiene autorización para su funcionamiento (como entidad financiera) por el Banco Central, además de otros indicios de fraude en las firmas y documentos constitutivos de la empresa”, subrayó la CGU en un comunicado.
Brasil, en números absolutos, es junto a Estados Unidos e India uno de los países más castigados por el Covid-19, con más de 606.000 muertes y casi 22 millones de casos confirmados.
