La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer declarar inadmisible la apelación que planteó la defensa de Wilfrido Adrián Cáceres, ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, en contra de la resolución del Tribunal de Apelaciones, en la que le confirmaba al juez Rodrigo Estigarribia en la causa.
Wilfrido Cáceres está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que no haya podido justificar un gran salto de bienes, por valor de G. 7.764 millones, que habrían sido adquirido de origen ilícito.
A inicios de junio, Cáceres, el ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, había suspendido su audiencia preliminar, con una recusación en contra del juez Estigarribia y de los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez.
Al juez Rodrigo Estigarribia lo confirmó Apelaciones y a los agentes fiscales la Fiscalía Adjunta, por lo que el acusado llegó hasta la Corte, pero ahora también rechazaron su apelación.
Con esto, la causa queda con vía libre para fijar la fecha de la audiencia preliminar, en donde se debe decidir si Wilfrido Cáceres y su esposa van a enfrentar o no a juicio oral.
acusación. La investigación fiscal abarcó el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023, durante la administración del actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez.
La acusación fiscal señala que durante el periodo investigativo “se permitió establecer que el matrimonio conformado por Cáceres y su cónyuge Ruth Jazmín Da Silva Almirón registró un vertiginoso e injustificado incremento patrimonial”.
Esto, teniendo en cuenta que “a pesar de que la pareja haya percibido ingresos legales por un total de G. 3.126 millones durante ese periodo, realizaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, presentando un desfasaje patrimonial no sustentado que, tras excluir operaciones simuladas, asciende a G. 1.016 millones”, sostiene el requerimiento del Ministerio Público.
Se sospecha que el ex alto funcionario de la Comuna capitalina habría desviado millonarios fondos de la Municipalidad que debían ser destinados para el combatir el Covid-19 y en plena pandemia mando construir una lujosa mansión en San Lorenzo.
“El análisis patrimonial y financiero, basado en informes técnicos de la Contraloría General de la República y el Departamento de Análisis e Investigación Económica del Ministerio Público, concluyó que el patrimonio adquirido por los acusados fue obtenido con recursos de origen ilícito”, dice el escrito.
