Según la Fiscalía, que pidió que el caso vaya a juicio, se formó un “esquema criminal” entre el intendente de ese entonces Armando Gómez, y cuatro funcionarios de la Comuna, anulando facturas fuera del horario laboral.
El Ministerio Público sostiene que lograron realizar 6.390 anulaciones por el valor de G. 9.317 millones, a través del sistema informático, aparentemente sin que nadie sospechara.
¿Cómo habrían operado? En el pódcast, todos los detalles.