Un grupo de pobladores de la colonia María Auxiliadora ubicada en el distrito de San Cristóbal, en Alto Paraná, reclaman el reconocimiento de posesión de tierras al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Se asentaron en ese territorio cuando el Indert había creado la colonia, luego de adquirir una vasta extensión de tierras a la firma Agropeco SA.
Sin embargo, la compra fue cancelada en el 2014 y la firma devolvió una parte del dinero abonado y donó 1.050 hectáreas de tierras para los ocupantes. Luego, vendió el inmueble a otra firma denominada Cardenales SA.
El grupo afectado sostiene que tiene títulos de propiedad y recibos otorgados por el Indert, que cobró por las tierras, antes de la cancelación de la compra que se hizo durante la administración de Justo Cárdenas.
El Indert realizó una verificación de las ocupaciones en el 2018, pero varias familias no aparecieron en el informe final enviado por los funcionarios que realizaron el censo, a pesar de que se encuentran en la propiedad desde 1985 en adelante, explicó Francisco Galeano, uno de los afectados.
Una nueva verificación se realizó la semana pasada en la comunidad por parte de funcionarios del Indert, encabezado por la abogada Liz Torres y técnicos de la institución, en el que los afectados le exhibieron sus documentaciones.
Sin embargo, la cancelación de la compra de las tierras por parte del Indert trajo consecuencias económicas graves a los pobladores, que no aparecieron en la lista de poseedores de las fincas realizadas por los funcionarios en el 2018, señaló la abogada Gloria Galeano.
“La firma Cardenales SA inició demandas contra los poseedores de títulos y de algunos inmuebles, logrando una orden judicial de prohibición de innovar en el año 2017, lo que no les permite a los pioneros de la comunidad trabajar en sus tierras. La colonia tiene más de 35 años de existencia y los ocupantes son impedidos ahora de trabajar en sus cultivos por las órdenes judiciales”.
Una vez adquiridas las tierras con sus ocupantes dentro, Cardenales SA inició acciones judiciales contra un grupo que no apareció en el censo del Indert, por nulidad de acto jurídico y cancelación de título. Los juicios siguen su curso, pero los ocupantes tienen la prohibición de cultivar en las tierras que poseen, conforme a la denuncia.