Es el Estado, así como todas las instituciones públicas, los que deben velar por la comunidad indígena, pero esto está muy lejos de la realidad. Muchas veces esta población solo recibe un “trato aparte”, como si fuera un asunto del INDI (Instituto Nacional del Indígena) nada más, explicó Claudia Sanabria, especialista en Derechos de la Niñez y comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
El tema se puso en debate nuevamente después de la atrocidad cometida contra una niña de tan solo 5 años, de una comunidad indígena, estrangulada luego de ser abusada, siendo los sospechosos el hermano y un amigo, lo cual levantó las alarmas.
El hecho ocurrió en la localidad de Aba’i, Departamento de Caazapá, considerado hoy como “uno de los departamentos que presenta mayor índice de pobreza”, dice Sanabria.
Poniendo el foco en la infancia, existe un Mapa de Desprotección, que revela que en Caazapá la mayoría de los niños, niñas y adolescentes sufre desprotección: por violencia sexual o pobreza, según CDIA Observa.
También, el Instituto Nacional de Estadística (INE) expuso que en Aba’í viven más de 2.780 familias con al menos una necesidad básica insatisfecha.
CULTURA NO HUMANA. La comisionada expone que las comunidades indígenas arrastran discriminaciones acumulativas, más cuando se trata de acceso a condiciones de vida, apoyo familiar y acompañamiento.
“Si existen políticas públicas en el territorio (salud, educación, empleo, vivienda) no llegan a las familias indígenas”, dice.
¿Eso por qué? Por la escasa pertinencia cultural. Una política pública debería contemplar el total de la población en un territorio.
“Es inevitable mencionar, cuando hablamos de comunidades indígenas, el proceso de exclusión y desigualdad al cual están sometidos, empujados por el avance de las políticas económicas que las van dejando empobrecidas y relegadas”, lamenta.
¿Y qué pasa con la niñez y la adolescencia indígena? La situación de ellos es más grave, porque enfrentan una condición de mayor vulnerabilidad por la pobreza.
Por otro lado, el desarrollo “los rodea” pero no ofrece oportunidades para incluirlos en él, desde su perspectiva y su sentir, sostiene Sanabria.
¿La responsabilidad? El también comisionado del MNP, Óscar Ayala Amarilla, habla de una “desestructuración familiar y comunitaria”, que se suman a la falta de educación, salud y oportunidades que tienden a generar “entornos de mucha vulnerabilidad”, donde incluso está la violencia.
Él refiere que el Estado es indirectamente responsable, por esa falta de políticas de protección y desarrollo de las comunidades, “situación que ha empujado a numerosas comunidades indígenas a la marginación, el alcoholismo y el consumo de otras drogas”.
En este punto coincidió Claudia Sanabria, quien, al consultarle si cuáles son las instituciones que deben velar por estos pueblos, insistió que es el Estado, así como todas las organizaciones. “Muchas veces se habla solo del INDI; sin embargo, las personas indígenas son sujetos para los distintos órganos del Estado: educación, salud, vivienda, trabajo, juventud”.
Apartarlos ayuda a dejarlos más vulnerados”, finaliza.
- “Es inevitable mencionar, cuando hablamos de comunidades indígenas, el proceso de exclusión y desigualdad al cual están sometidos, empujados por el avance de políticas económicas”.
- “Cuando ocurre un hecho de abuso sexual se está ante la expresión máxima de ausencia de protección. Muchos otros factores protectores no han estado presentes”. Claudia Sanabria.
