Un grupo de 12 diputados, la mayoría de la ANR, presentó un proyecto de ley para reducir considerablemente la transferencia de las multas de la Patrulla Caminera a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), derivando ese dinero a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) para la compra de sillas de ruedas y otros elementos a las personas que quedaron con traumas tras siniestros viales, en su mayoría motociclistas.
En los fundamentos para presentar el proyecto de ley, los diputados señalan “que comparando el presupuesto 2018 con el 2019 de la ANTSV, se tiene un incremento del 369% en sus gastos financiados con las multas que aplica la Patrulla Caminera”. Indican que el mayor porcentaje de variación en el periodo 2018 y 2019 fue el de Servicios Personales, con un 648% más con relación al 2018.
Los firmantes del proyecto de ley consideran que las multas de la Caminera pueden tener mejor uso derivando un 10 % de los 15 % que recibe la ANTSV a la Senadis, para el “tratamiento como para la adquisición de ayudas técnicas para las personas con discapacidad a consecuencia de accidentes de tránsito”.
Mencionan que para la Senadis, de un promedio anual de 700 sillas de ruedas, la demanda actualmente pasó a casi 3 mil sillas de ruedas, “a raíz del notorio aumento de accidentes de tránsito”.
Responsables de la ANTSV presentaron ante la Comisión de Obras su respuesta al proyecto de ley. Indican en un documento que en el 2018 hubo una disminución de 9,28% del número de fallecidos y de 420 lesionados en siniestros viales, ante una mejor inversión en prevención. Puntualizan que siguen orientaciones de organismos internacionales especializados en seguridad vial, que pregonan la prevención como herramienta para reducir los siniestros viales.
“Esta modificación del porcentaje a percibir del 15% de las multas y la deducción del crédito presupuestario de G. 12.365.310.193 tendría un efecto catastrófico para la ANTSV, pues la dejaría totalmente fuera de operación, sin posibilidad de realizar sus campañas de sensibilización, campañas de capacitación en centros educativos, verificación a los Centros de Emisión e Impresión de Licencias (Municipalidad), verificación y habilitación a la escuelas de conducción”, precisaron los legisladores.
