La Cámara de Senadores decidió postergar el estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en medio de una nueva intención de introducir cambios a la propuesta legislativa y, principalmente, para desactivar la masiva manifestación de docentes que se realizó ayer en todo el país.
El pleno resolvió aplazar el tratamiento de la iniciativa hasta el próximo 25 de marzo. Horas antes de la sesión se desarrollaron reuniones entre integrantes de la bancada oficialista, donde se consensuó una propuesta con modificaciones al texto remitido por la Cámara de Diputados.
No obstante, la nueva versión que se pretendía analizar será tratada recién dentro de aproximadamente seis semanas.
Entre las modificaciones preliminarmente acordadas figura que los afiliados de los sectores del magisterio nacional y docentes universitarios podrán acceder a la jubilación ordinaria al cumplir 57 años de edad, con al menos 25 años de aportes, con tasas de sustitución diferenciadas según edad y años de contribución (ver facsímil).
Para el sector del magisterio nacional, la remuneración base se calculará sobre el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas durante los últimos cinco años al cese de funciones. Cuando en ese periodo el afiliado haya incrementado sus turnos u horas cátedras, el cálculo se realizará sobre el promedio de los últimos diez años.
En el caso de los afiliados de los sectores docentes universitarios y magistrados judiciales, la determinación de la remuneración base se regirá por lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2345/2003.
Asimismo, se plantea la figura de la jubilación extraordinaria para afiliados de los sectores magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, quienes podrán acceder al beneficio con al menos 55 años de edad y 30 años de aporte. La tasa de sustitución será del 75% y la remuneración base se calculará sobre el promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos diez años al cese de funciones. La versión de los diputados, 70% de tasa de sustitución.
Asimismo, para los docentes del magisterio nacional, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley cuenten con 22 o más años de aporte, se prevé la posibilidad de optar por jubilarse bajo las disposiciones establecidas o retirarse con un mínimo de 25 años de servicios, sin exigencia de edad mínima. En este último caso, se aplicará una tasa de sustitución del 80%, con remuneración base calculada sobre el promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos cinco años al cese de funciones.
Debate libre Antes de que la sesión quedara sin cuórum, los senadores participaron de un debate libre para abordar diversos aspectos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, aunque las intervenciones estuvieron marcadas por posiciones sectoriales.
El senador Líder Amarilla cuestionó duramente la propuesta y señaló que el proyecto atropella derechos. Reclamó que en países como Uruguay y Brasil los aportes oscilan entre el 14% y el 16%, mientras que en Argentina alcanzan el 18%. El Estado paraguayo como empleador “no pone un carajo”. Añadió que este es un modelo basado en la improvisación. “Se usa la plata pública de los aportes y ahora no tiene plata”, sostuvo.
Por su parte, la senadora Blanca Ovelar recordó el principio de la seguridad social como un derecho social. “Al ser un derecho humano debe tener universalidad y nosotros tenemos un sistema muy excluyente. La jubilación debe tener suficiencia, cubrir los costos de vida, accesible, seguridad jurídica, predecible y estable. Progresividad y no regresividad, no podemos retroceder un bien que ya teníamos”, indicó.
No obstante, reconoció que para mantener la sostenibilidad financiera existen razones demográficas que justifican reformar el sistema. “Esa es una tensión que tenemos que administrar, edad jubilatoria frente a la expectativa de vida hoy, los sistemas privados vs. los sistemas públicos. El Estado tiene muchas obligaciones frente a una baja presión tributaria. Valoro que posterguemos y ojalá podamos conversar con racionalidad. Eso es necesario que hagamos”, indicó.
A su turno, el senador Rafael Filizzola celebró la postergación del tratamiento de lo que calificó como “una mal llamada reforma”, ya que, según afirmó, solo introduce cambios paramétricos. “Acá debemos establecer un cambio de modelo, un cambio debe ir mucho más allá, implica un acuerdo de Estado, implica cambiar un sistema que lleva más de 100 años. Yo no digo con esto que no se hagan los ajustes urgentes, pero tenemos que pensar a largo plazo”, mencionó.
Economía evaluará cambios propuestos
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el Senado es soberano y consideró que la postergación beneficiará a atenuar la tensión social, ya que dijo que esto tampoco es bueno para el país.
El jefe de la cartera económica sostuvo que, en tanto, analizarán los posibles cambios a introducirse y seguir trabajando en la propuesta legislativa. Sobre los cuestionamientos que se hacen al proyecto elaborado por el MEF, rechazó que se trata de parcheo a la Caja Fiscal y señaló que ninguna política pública puede ser permanente, sino que deben ajustarse según las necesidades.
Afirmó que dentro del sistema previsional los cambios y ajustes deben de ser permanentes y que para ello se realizan los estudios actuariales para que los ajustes se hagan según el diagnóstico que resulte del informe técnico.
Respecto a la intención de independizar la Caja Fiscal del Ministerio de Economía explicó que no tiene oposición a esta intención, pero consideró que esto generaría nuevos gastos al Estado para sostener una nueva institución.
Fernández coincidió en la necesidad de revisar todo el sistema previsional del país; no obstante, pidió no mezclar una ley de seguridad social con la ley de reforma de la Caja Fiscal, que es una pata que urge de cambios.
