De acuerdo con el estudio, el salario mínimo debería ser reajustado a G. 3.465.123 mensuales, lo que representaría un aumento de G. 666.814 respecto al monto actual de G. 2.798.309, en vigor desde el 1 de julio de 2024.
El análisis parte de una revisión histórica del comportamiento del salario mínimo desde el retorno a la democracia, en 1989. En ese entonces, el salario mínimo fue fijado en G. 164.640 mensuales. Desde entonces, el país experimentó una inflación acumulada de 2.004,7%, según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, los reajustes aplicados al salario mínimo en estos 36 años suman apenas un 1.599,7%, lo que implica, según el informe, una pérdida real del poder adquisitivo del 24%.
“El estudio se basa exclusivamente en datos oficiales del Estado paraguayo: el IPC del BCP y los registros del SML del Ministerio de Trabajo”, sostuvo Monte Domecq. Esto, argumenta, otorga una base objetiva y conservadora al cálculo, aunque advierte que si se utilizara un índice de costo de vida más representativo de la realidad de los trabajadores urbanos, especialmente del área metropolitana, la pérdida sería aún mayor.
Impacto. El informe enfatiza que esta pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo impacta directamente en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y es uno de los factores que profundizan la pobreza y la desigualdad en Paraguay.
“El salario mínimo, tal como está establecido actualmente, no garantiza una vida digna para una familia trabajadora. La Constitución es clara al respecto: El salario debe asegurar una existencia libre y digna”, recuerda el informe, citando el artículo 92 de la Carta Magna.
Además, el economista hace una distinción clave entre “reajuste monetario” y “aumento real”. El primero solo busca compensar la inflación pasada, mientras que el segundo implica una mejora efectiva en el poder de compra. “Lo que transforma verdaderamente la vida del trabajador es el aumento real, que mejora su bienestar y el de su familia”, concluye.
El informe también expone cuestionamientos al uso exclusivo del IPC del BCP como referencia para la actualización del salario mínimo. Según Monte Domecq, dicho índice está construido sobre una canasta de bienes que no refleja el consumo real de una familia obrera. Recuerda que el BCP anteriormente publicaba un “índice para una familia obrera”, pero este fue descontinuado.
Organizaciones sindicales, añade el economista, desconfían de la neutralidad del BCP, que es regulador de la inflación y proveedor exclusivo del índice usado para los reajustes.
