El objetivo es maximizar los beneficios del programa no solo garantizando la provisión de alimentación escolar, sino también dinamizando la economía a través de la generación de empleo formal y de calidad.
“El cumplimento de los derechos laborales va a repercutir positivamente en la imagen de las empresas y no perder la reputación para contratar con el Estado, porque si tenemos denuncias vamos a tomar las acciones que correspondan”, expresó la ministra Recalde.
