EFE.
La experta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés) Bianca Pomeranzi subrayó en una conferencia que es necesario “interpretar los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la Agenda para el desarrollo sostenible”, pactada por la comunidad internacional para 2030.
Pomeranzi llamó a pensar en “nuevas formas de desarrollo rural” y “transformar” la participación de las mujeres en el campo.
La CEDAW aclaró en 2016 que los Estados tienen “obligaciones específicas” con el fin de garantizar los derechos de las mujeres rurales, como asegurar que las políticas económicas respondan a sus necesidades.
Recomendó a los países reconocer la contribución femenina a la economía local, la producción de alimentos, el cuidado de las personas y las actividades domésticas sin remunerar, así como promover su independencia económica y social y hacer que se beneficien de las políticas sociales.
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, criticó que “los gobiernos no se están tomando en serio” los retrocesos en el terreno de la igualdad de género e instó a “no alejarse de los derechos humanos” en la búsqueda de un desarrollo sostenible.
“No tenemos un mecanismo fuerte de supervisión sobre el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria”, apuntó la experta, quien advirtió de que “faltan datos sobre lo que les está pasando en las zonas rurales en los países en desarrollo”.
Según un reciente informe de Naciones Unidas, las mujeres tienen más probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria que los hombres en todas las regiones.
Los datos recogidos entre 2014 y 2016 muestran que el 7,3 % de los hombres padecía hambre frente al 7,9 % de las mujeres, una diferencia que, por regiones, sube a 1,5 puntos porcentuales en África y 0,7 puntos en América Latina.
Elver insistió en la necesidad de que se cumplan las leyes que castigan la discriminación de género y que el sector primario funcione “de otra manera”.
En ese sentido, mencionó el trabajo de un grupo de ONG en Zambia que entrena a mujeres y les da tierras, recursos y acceso a los mercados para vender productos agroecológicos, lo que, dijo, les está reportando más beneficios que los que obtienen sus maridos en grandes explotaciones de agricultura intensiva.
Amira Gornass, presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (plataforma que engloba a países, sociedad civil y sector privado), destacó que “sin igualdad no se lograrán los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición”.
Las mujeres representan el 43 % de la fuerza de trabajo agrícola, aunque siguen afrontando serios obstáculos en el mundo laboral.
Se calcula que todavía hay 155 países con al menos una ley que limita las oportunidades económicas de las mujeres, 100 que restringen los tipos de empleos que pueden desempeñar y 18 que permiten a los esposos decidir que si pueden trabajar o no.
En la conferencia se expusieron casos concretos como el de la India, donde la mayor parte del trabajo rural lo realizan las mujeres, si bien los dueños de las tierras siempre son hombres, mientras que en Brasil las autoridades han esgrimido falta de fondos para no incluir más puntos relacionados con las mujeres en el censo agropecuario.
La activista de la Marcha mundial de las mujeres Miriam Nobre consideró imprescindible detener la “transferencia de recursos hacia la agricultura industrial”, fortalecer las organizaciones de mujeres, prestar servicios públicos en las zonas rurales y “dejar de criminalizar a las luchadoras que defienden a sus comunidades y sus modos de vida”.
