El Consejo aprobó hoy una resolución presentada por la Unión Europea (UE) y Japón, con el patrocinio de medio centenar de países, en la que recoge la recomendación hecha por la comisión de investigación de la ONU sobre Corea del Norte de trasladar el caso a la CPI tras constatar que el régimen de Pyongyang comete crímenes contra la humanidad.
La resolución contó con el apoyo de 30 países, 6 en contra y 11 abstenciones, de los 47 miembros con los que cuenta el Consejo.
Hoy ocurrió lo mismo que aconteció el pasado 17 de marzo, cuando se debatió sobre la situación en el país asiático, y es que el Consejo de Derechos Humanos se mostró dividido entre los que quieren que el caso se eleve a la CPI y aquellos que rechazan de plano la existencia de una comisión de investigación, sus conclusiones y sus recomendaciones.
Este último grupo lo forman Pyongyang, Pekín, La Habana, Venezuela y el Grupo de países No Alineados -que votaron contra la resolución-, mientras que la gran mayoría de países occidentales apoyan que una corte internacional investigue las atrocidades cometidas.
Los opositores al texto argumentan que éste no fomentará la cooperación y el diálogo con Pyongyang, sólo enfrentamiento, mientras que los que apoyaron la resolución recordaron las atrocidades documentadas por la comisión y la imperante necesidad de que éstos crímenes no queden impunes.
Por su parte, el embajador norcoreano ante la ONU, So Se Pyong, “rechazó categóricamente la resolución” y acusó a los patrocinadores de la resolución de ser “países hostiles”, de “plegarse a los deseos de Estados Unidos” y de promover “la confrontación política”.
Como Corea del Norte no es signatario del Estatuto de Roma, documento fundacional de la CPI, este tribunal no puede iniciar una investigación, sino que debe esperar a que sea requerida por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A sabiendas de que el proceso puede prolongarse, la resolución solicita al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que refuerce el mandato del relator especial sobre la situación en Corea del Norte, y pide, asimismo, que cree una estructura con sede en el propio país que pueda seguir vigilando las atrocidades cometidas por el régimen de Kim Jong-un.
El texto pide a Pyongyang que colabore con el relator especial y le permita entrar al país, al tiempo que lamenta que el mandato de la comisión de investigación haya concluido sin que ésta haya podido ingresar en territorio coreano.
Otro de los aspectos solicitados por la comisión y que recoge la resolución es la petición de que todos los países respeten el principio de “non-refoulement” para los ciudadanos norcoreanos, es decir, la no repatriación a Pyongyang, donde sus derechos pueden ser violentados.
La comisión, presidida por el australiano Michael Kirby, elaboró un extenso informe en el que se documentan “masivas y sistemáticas” violaciones de derechos humanos, que alcanzan el grado de crímenes contra la humanidad, y comparó al régimen de Pyongyang con el nazismo.
Entre los crímenes contra la humanidad documentados de manera precisa y exhaustiva figuran “exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género”.
