Entre los datos que el Ejecutivo municipal deberá remitir figuran los paquetes de licitaciones urgentes que se preparan para ser llamados, con relación a la emergencia de Covid-19 y cuáles son los llamados que se dejaron sin efecto desde el inicio de la pandemia.
En este sentido, deberá remitir el número ID, objeto de la planificación, la fecha de comunicación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de la baja de la licitación.
El pedido de informe a la Intendencia fue presentado por el concejal Álvaro Grau (PPQ). La respuesta deberá ser remitida en un plazo de una semana.
En la minuta aprobada también se solicita comunicar qué medidas de austeridad se tomaron desde el inicio de la pandemia, además de los contratos de personal en lo que se refiere a la rescisión, incorporación, modificación de contratos, disminución de salarios, entre otros aspectos.
También consulta sobre qué de medidas se adoptarán para que las personas que vuelvan a sus puestos de trabajo lo hagan sin peligro de contagio del Covid-19.
PLAN LIMITADO. Dentro del Plan de Acción de Emergencia que elaboró la Intendencia no figuran varias medidas de seguridad sanitaria como tampoco financieras, cuestiona el concejal Federico Franco.
“Queremos ver cuáles son las estrategias para sostener los servicios sin ingresos, prácticamente, cuáles serán de prioridad y cuáles limitados. También los procesos de compras, los insumos a ser adquiridos. Es simplemente una descripción genérica y se necesita un plan más detallado”, sostuvo.
Actualmente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dispuso como nuevo requisito que se deberán publicar los precios de referencia, los documentos respaldatorios y un dictamen firmado por el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de dichos montos y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el valor de referencia.
Este aspecto anteriormente no se publicaba en el portal y la ciudadanía no tenía acceso a dicha documentación, quedaba en la UOC de cada entidad convocante, según lo señalado desde Contrataciones.
