El diputado de Fuerza Republicana Mauricio Espínola presentó a la Comisión Permanente del Congreso un pedido de informe dirigido a la binacional sobre el detalle del salario de cada ministro, para saber si se está violando o no la prohibición de la doble remuneración.
El presidente Santiago Peña, en su decreto de nombramiento de los consejeros estableció que todos debían cumplir su función ad honorem; sin embargo, la jefa de Gabinete, Lea Giménez, no renunció al salario de Itaipú, como ella misma declaró en su momento, alegando que estaría dirigiendo al equipo.
El pago del cargo de ministro es de G. 24.851.200, mientras que el de consejero es de G. 82.000.000.
“Queremos saber cuánto se ahorró hasta la fecha y qué medida administrativa utilizaron para redireccionar la remuneración de los consejeros a gastos sociales”, manifestó Espínola.
El problema de nombrar consejero a un ministro es el conflicto constitucional, ya que en el artículo 241 de la Carta Magna se establece que los ministros del Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República, y el 237 dice que el presidente no puede ejercer otro cargo público ni privado, debe dedicarse exclusivamente a sus funciones. Para los ministros, la única excepción es la docencia.
Además de Lea, fueron designados consejeros el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; el titular de Industria y Comercio, Javier Giménez; el canciller, Rubén Ramírez Lezcano, y el asesor jurídico de Presidencia, Roberto Moreno.
Los otros dos, Félix Sosa, presidente de la ANDE, y Héctor Richer, asesor en cuestiones energéticas, no tienen cargo de ministros.
Peña alegó que designó a sus ministros haciendo un efecto espejo de los consejeros de Itaipú del lado brasileño, pero en el vecino país no se tiene incompatibilidad constitucional.
“El consejo de Itaipú es un órgano permanente, hoy aceptando que ministros del Ejecutivo sean consejeros, en primer lugar dejamos un precedente nefasto. ¿Qué aceptaríamos el día de mañana, que el presidente y vicepresidente sean también consejeros de Itaipú? Es importante no ridiculizar a la Constitución”, cuestionó el diputado.
Espínola insistió en que con este pedido de informe podrá ser controlado si efectivamente los salarios de los consejeros fueron destinados a gastos sociales, como prometió Peña.
El legislador criticó también que el Ejecutivo justifique los nombramientos basándose en el artículo 240 de la Constitución Nacional, que señala que “la dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo, cuyo número y funciones serán determinados por la ley”.
Espínola manifestó que este artículo no habilita a ocupar un cargo adicional.
