Benítez en primer término, había rechazado el pedido de informe solicitado por los concejales, y ante la presión, convocó a una audiencia pública para la rendición de cuentas, evitando así responder ante la Junta Municipal.
Sin embargo, este hecho enardeció a los concejales quienes expresaron que no es la forma de rendir cuentas e informes, sino que debe estar todo documentado, y por esa razón pidieron a la Contraloría que audite la gestión de la esposa de Rivas.
La intendenta debe informar sobre la lista de funcionarios y sus remuneraciones; proyectos ejecutados en el año 2019; desembolsos de los recursos de Fonacide, Royalties y juegos de azar; ingreso de fondos propios de enero del 2019 hasta la fecha y por último, cuentas bancarias habilitadas por la Municipalidad.
Rivas está acusado por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, tras una investigación de ÚH, que reveló que tres empleados particulares del diputado figuraban como funcionarios de la Cámara Baja cobrando salarios sin trabajar.
