Los profesionales del gremio referido esgrimen que aún no existe sincronización constante del Sistema Integrado de Facturación Electrónica (SIFEN), su vinculación como registros en el Sistema Marangatú (RG90) y la sincronización de datos entre sistemas para emitir declaraciones determinativas e informativas.
Al enumerar los inconvenientes por los cuales exigen se retrase la aplicación de las multas (la normativa establece que desde hoy, 1 de noviembre, deben correr las mismas), el gremio destaca que hay fallas en el servicio de actualización de datos de SIFEN y Marangatú vía web service.
Además, hay retrasos significativos en la emisión de facturas electrónicas y su reporte de datos o actualizaciones en las herramientas asociadas; aparte de un daño significativo en la liquidación de impuestos e informes según RG90; ausencia de reportes sobre acciones correctivas por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entre otros, según los contadores.
En virtud de lo expresado, los autoconvocados exigen la identificación de problemas, con diagnóstico inmediato de las áreas que limitan la emisión de facturas electrónicas, y la implementación del modo contingencia, según corresponda.
También solicitan el acompañamiento técnico en la configuración de los sistemas vinculados al proceso de las facturas electrónicas, monitoreo de la funcionalidad del web service y seguimiento de la funcionalidad de las actualizaciones y reportes.
La suspensión de penalidades es crucial, según el grupo, con el reconocimiento formal de las limitaciones técnicas actuales, además de exigir la suspensión temporal de sanciones mientras persistan los inconvenientes citados.
Los autoconvocados exigen además la gestión del proceso, con la capacidad de mantener el estatus de “periodo de implementación”; y continuar la comunicación de ajustes técnicos mediante notas técnicas, con su correspondiente plazo de carencia o implementación.
La eliminación de restricciones también forma parte del paquete de solicitudes, además de la extensión de plazos. En ese sentido, plantean postergar la entrada en vigencia de penalidades recién para el 31 de enero de 2025.
