El sector energético paraguayo se prepara para una transformación histórica con el proyecto de ley que crea el Ente Regulador de Energía, conocido como ERE. La propuesta forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno como parte del cambio de paradigma energético nacional. Junto con el futuro Ministerio de Energía, el nuevo Ente Regulador buscará dotar de seguridad jurídica al sistema, que requiere de la urgente inversión privada.
En un contexto en el que la demanda creciente de energía pretende impulsar la participación del sector privado en generación y distribución, esta nueva institución se constituiría en una figura autónoma y autárquica orientada a supervisar, fiscalizar y controlar todo el ecosistema energético nacional.
Las responsabilidades de esta entidad abarcan desde la emisión de normativas técnicas y la fijación de tarifas hasta la protección directa del consumidor. El ERE se encargará de establecer las metodologías para calcular los peajes y las tarifas de acceso a las redes de transmisión o distribución de electricidad, gas e hidrógeno.
Además de aprobar las inversiones de los operadores, la institución tendrá la potestad de recibir y resolver los reclamos administrativos de los usuarios, garantizando la calidad y la continuidad del suministro. También supervisará la correcta aplicación de la tarifa social de energía, asegurando que los descuentos y criterios de elegibilidad se apliquen con parámetros objetivos e igualitarios.
Autónomo. Para asegurar su efectividad, el ERE gozará de autonomía técnica e independencia frente a cualquier interés empresarial o comercial, relacionándose con el Poder Ejecutivo únicamente a través del futuro Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos.
La entidad tendrá herramientas de fiscalización que le permitirán inspeccionar instalaciones e imponer sanciones en caso de infracciones, las cuales van desde apercibimientos y multas económicas de hasta cincuenta mil jornales mínimos hasta la suspensión o revocación de licencias para faltas muy graves que pongan en riesgo el sistema.
FINANCIAMIENTO. Uno de los aspectos más llamativos y cruciales del proyecto es el mecanismo por el cual se sostendrá económicamente este nuevo regulador. El borrador de la propuesta de ley establece que el ERE se financiará mediante recursos propios obtenidos del cobro de tasas regulatorias, cánones por licencias, multas y asignaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Un punto que promete generar impacto es la obligatoriedad de este pago para todos los actores del mercado sin ningún tipo de excepción. Entidades estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar) estarán estrictamente obligadas a abonar estas tasas regulatorias por los servicios efectivamente prestados por el ente.
Para el sector eléctrico en particular se contempla una tasa de regulación que se incluirá en la facturación y que no podrá superar el dos por ciento del importe retributivo del servicio, mientras que en el sector de hidrocarburos se aplicarán porcentajes específicos sobre el valor de la producción bruta y otras actividades operativas.
Árbitro. La reciente apertura del sector eléctrico nacional al capital privado, impulsada por la nueva normativa de energías renovables no convencionales, transforma la creación del Ente Regulador de Energía en una urgencia. Al superarse el modelo de monopolio absoluto de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y habilitar el ingreso de nuevos generadores de energía, el mercado paraguayo exige un árbitro imparcial que fije reglas claras y justas.
- 2030 es el año en el que Paraguay podría empezar a sufrir un déficit energético, si no se toman medidas urgentes en generación, según expertos.
