09:00-21/04/07
Washington (EFE)
Hoy, en su discurso radial de los sábados, Bush afirmó que ha pedido una revisión de lo sucedido para determinar mejores fórmulas que eviten que se repitan esos episodios, incluidas evaluaciones de individuos con perturbaciones mentales, pero no mencionó en algún momento una posible reforma del control de armas.
En plena precampaña electoral, los aspirantes a la presidencia en 2008 se han mostrado muy cautos en su respuesta a la matanza del lunes.
Aunque todos ellos han emitido comunicados de condena al suceso, el peor incidente con armas de fuego a manos de una sola persona en la historia de EEUU, han evitado cuidadosamente pronunciarse sobre la conveniencia de reformar o no las leyes sobre posesión de armas.
En un país donde el derecho a llevar armas está consagrado en la Constitución, y firmemente anclado en la mentalidad de un pueblo, hablar sobre la reforma de esa ley puede convertirse en una bomba de relojería para el político que lo proponga.
De hecho, los demócratas atribuyen en parte la derrota sufrida por su candidato, Al Gore, en las elecciones de 2000 a que, como vicepresidente, emitió el voto del desempate en el Senado en 1999 a favor de un proyecto de ley que restringía la disponibilidad de ciertas armas.
Ese proyecto de ley finalmente no se aprobó, pero durante la campaña electoral de 2000 Gore, muy criticado por el todopoderoso grupo de presión Asociación Nacional del Rifle (NRA), se vio retratado como alguien que apoyaba el control de armas, lo que aparentemente le restó votos en estados clave del sur y el medio oeste, donde el apoyo a las armas está muy extendido.
Una encuesta difundida esta semana por el instituto Zogby indica que el 59 por ciento de los estadounidenses cree que imponer controles de armas más estrictos no ayudaría a impedir tragedias como la de la Politécnica de Virginia, frente a sólo el 16 por ciento que opina que sí.
Un 57 por ciento asegura que no estaría de acuerdo con un intento del Legislativo en endurecer los controles de armamento, frente al 35 por ciento que lo apoyaría.
Por ello, hasta los más encendidos partidarios de endurecer las leyes se muestran pesimistas sobre sus posibilidades de éxito.
“Va a ser algo muy difícil de vender”, ha admitido la congresista demócrata Carolyn McCarthy, probablemente la legisladora más partidaria de una reforma del sistema después de que un tiroteo en un tren de cercanías matara a su marido e hiriera de gravedad a su hijo en 1993.
Los demócratas son, en general, más partidarios de un endurecimiento de las normas sobre armas de fuego, y en la actualidad, y a diferencia de años pasados, controlan el Congreso.
Pero muchos de sus legisladores proceden de estados rurales, donde el apoyo a las armas es especialmente notable.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha asegurado que “no hay ninguna prisa” en acometer una reforma. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha apuntado que podría estudiarla, pero sólo si tiene garantías de que ese proyecto de ley sería aprobado en el pleno.
En el Partido Republicano, que tradicionalmente recibe jugosas aportaciones de la NRA, el interés por endurecer las leyes es aún más reducido.
El propio presidente de EEUU, George W. Bush, ha afirmado que “no es el momento” de iniciar un debate sobre el tema.
El aspirante republicano a la presidencia Rudy Giuliani, que en su día se pronunció a favor de prohibir las armas de asalto, dejó claro que la tragedia de la Politécnica “no altera la II enmienda de la Constitución”, la que consagra el derecho a poseer armas.
Pero, según los analistas, todo podría cambiar si los familiares de las víctimas de la matanza en Virginia se unen para reclamar medidas duras