EFE y AFP
RÍO DE JANEIRO
El Gobierno brasileño admite temer que Estados Unidos aproveche su reciente decisión de calificar como terroristas a las dos mayores organizaciones criminales de Brasil como pretexto para una eventual intervención militar en su territorio, según un documento remitido por la cancillería al Congreso y divulgado este lunes. El texto, firmado por el canciller Mauro Vieira y enviado a una Comisión de la Cámara de Diputados el pasado 1 de julio en respuesta a una solicitud de información, sostiene que la clasificación unilateral adoptada por Washington puede generar “riesgos concretos” para la soberanía de Brasil.
INSTRUMENTOS DE COMBATE. El documento señala que la legislación estadounidense contempla instrumentos más amplios para combatir a las organizaciones incluidas en su lista de grupos terroristas, entre los cuales “medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas y organizaciones brasileñas”.
La aplicación de tales medidas, agrega el documento, “puede ocurrir con amplio grado de discrecionalidad, dada la amplitud de términos adoptados en la legislación contra el terrorismo en ese país, con serias posibilidades de implicaciones para ciudadanos brasileños en los niveles financiero, migratorio y penal”.
PCC Y CV, TERRORISTAS. De acuerdo con la respuesta de la cancillería, hay incluso “la posibilidad del uso de la fuerza militar de los Estados Unidos en territorio brasileño”.
En ese sentido, advierte que la declaración del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas puede servir como fundamento para acciones unilaterales fuera del territorio de Estados Unidos.
Según el documento, Brasil considera que el combate al crimen organizado debe realizarse mediante mecanismos de cooperación internacional y con pleno respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.
CONTACTOS. El texto añade que las autoridades brasileñas mantienen un diálogo permanente con Washington para evitar interpretaciones que puedan afectar la jurisdicción del Estado brasileño sobre su propio territorio.
La preocupación del Gobierno surgió después de que la Administración estadounidense incluyera al PCC y al Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que entró en vigor el mes pasado y que permite a las autoridades de ese país aplicar medidas más severas contra personas, empresas y activos vinculados a ambos grupos criminales.
El Ejecutivo brasileño sostiene, sin embargo, que la medida fue adoptada de forma unilateral y que no modifica el marco jurídico vigente en Brasil, donde ambas organizaciones continúan siendo tratadas como grupos del crimen organizado y no como organizaciones terroristas.
RESPETO DE PRINCIPIOS. La respuesta enviada al Congreso también recuerda que Brasil ha reiterado a las autoridades estadounidenses que cualquier actuación relacionada con el combate a estas facciones debe respetar los principios de no intervención y de integridad territorial previstos en la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, defiende que la cooperación bilateral continúe basándose en el intercambio de información, la coordinación policial y judicial y los acuerdos internacionales ya existentes.
La semana pasada, Washington anunció sanciones contra dos brasileños y empresas presuntamente vinculadas a PCC por lavado de activos en Estados Unidos.
