En un comunicado divulgado ayer en espacio reservado, la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (Cimap) cuestionó duramente las licitaciones para la contratación de seguros médicos que está llevando adelante el Gobierno en varias entidades.
El gremio se mostró preocupado por la reciente adjudicación hecha por el Ministerio de Hacienda al Consorcio Salud SD y al Grupo Proinsa SA, por valor de G. 62.572 millones. Este proceso fue luego anulado por Contrataciones Públicas, tras la protesta de otro concursante.
La Cimap señala que hay que mirar con lupa la reducción de exigencias mínimas a ser cumplidas y la flexibilización injustificada de criterios de calificación para los oferentes, lo que puede dar lugar a adjudicaciones a empresas o consorcios que no reúnen las condiciones de experiencia, en detrimento de un buen servicio de salud.
El gremio, además, hace mención a un llamado hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC). En este proceso cuestiona que se ha establecido de forma sorpresiva y sin precedentes el pago de un anticipo, sin consignar el propósito ni destino del mismo, así como sin establecer métodos de control para el uso de ese dinero público.
Este hecho, prosigue, genera incertidumbre y preocupación en las aseguradoras, ya que esto puede derivar en adjudicaciones a empresas en detrimento de otras con condiciones financieras y de experiencia óptimas.
“Desde la Cimap consideramos que la salud de los beneficiarios de los contratos de licitaciones públicas debe estar resguardada y asegurada a través del tiempo, por lo tanto, el nivel de exigencia respecto a la capacidad financiera, el nivel de prestaciones y experiencia en el gerenciamiento de los recursos por parte de los oferentes deben ser requisitos de rigurosa comprobación previa a la adjudicación de un contrato”, expresa el comunicado.
Reevaluación. La adjudicación del seguro médico hecha por Hacienda al Consorcio Salud SD y al Grupo Proinsa SA fue anulada hace unos días por Contrataciones Públicas. Esta última entidad dio un plazo de 20 días al Fisco para volver a analizar las ofertas.
Según dijeron fuentes de la cartera, en estos días remitirán los resultados de esta reevaluación al ente regulador de las compras, aunque todo apunta a que se confirmaría a ambas empresas adjudicadas inicialmente.
En este proceso se detectaron irregularidades en la manipulación del pliego de bases y condiciones, con cambios que bajaron el nivel de experiencia y solvencia para demostrar la capacidad para prestar el servicio. El peso de los cuestionamientos recae sobre el Consorcio Salud SD, que cuenta con varias sanciones por proporcionar información falsa en licitaciones anteriores.
Silencio oficial
Desde que saltó el escándalo por esta adjudicación, las autoridades del Ministerio de Hacienda se llamaron a silencio, pese a las insistencias de la prensa.
Según la Ley de Presupuesto y el decreto reglamentario, la cartera puede contratar un seguro médico por hasta G. 1.000.000 mensuales, por funcionario.
En la actualidad, la institución económica cuenta con 2.154 funcionarios dentro de su nómina.