“No hay mejor cosa para un ser humano que lograr lo que uno se comprometió, recuerdo que en época de campaña decían ‘quiero desburocratizar la Municipalidad'; hoy estoy tan contento porque esto es una parte de lo que nosotros nos habíamos comprometido”, dijo el intendente en un discurso aparentemente sentido en el que pidió que “creyeran” en él porque hablaba “desde lo más profundo de su corazón”.
“No importa lo que pase después, no importa lo que pase mañana, lo que yo dije en parte ya hice”, añadió al destacar que él solo es el “capitán de un barco, de un tren, y que el día de mañana puede bajarse, pero el tren es de los funcionarios”.
Hace solo unas semanas atrás, y durante una entrevista a Radio Monumental, el intendente ya había manifestado una serie de expresiones sobre Asunción consideradas desubicadas. Había dicho que en la Capital hay gente que “vive gratis” y “exige una ciudad de primer mundo”. Se jactó de ser el único intendente “en la historia” que se “animó a invertir en obras de infraestructura” y aseguró que Asunción “es una ciudad muy virgen, que tiene tanto por dar, que tiene hoy la mirada al mundo”. En otro momento añadió que “Asunción es la única ciudad que hasta hoy en día tiene espacios, tiene verde, que el mundo no tiene”.
Cuestionada gestión. A cada semana que pasa, y como se puede comprobar en las sesiones de la Junta Municipal, los problemas en las calles y los barrios de Asunción no solo no se resuelven apropiadamente, sino que parecen ser interminables. Los vecinos organizados como los del barrio Pinozá y Mburicaó buscan fondos para reparar sus calles y plazas y se manifiestan para que el Municipio culmine con las obras con las que se compromete.
Las avenidas se presentan a diario con basuras en descomposición; los edificios en el microcentro se encuentran deteriorados y hay obras, como las del mirador de Ita Pytã Punta, que nunca arrancan. Entretanto, la Fiscalía ordenó la imputación del intendente por el caso “detergentes de oro”, en el que se lo acusa de un daño patrimonial que asciende a casi G. 2.000 millones. La última medida determinada por el Juzgado fue una fianza real de G. 500 millones, la comparecencia trimestral por parte del intendente y la obligación de comunicar cada salida y retorno al país.
