Durante la conferencia técnica Precios de transferencia en transacciones internacionales, que reunió ayer a varios expertos de la región, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que la reglamentación que apunta a determinar el impuesto que corresponde a las operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo multinacional estará lista entre fines de noviembre y principios de diciembre para poder implementarla desde enero de 2021.
Explicó que el objetivo es garantizar que los precios de transferencia entre empresas vinculadas se realicen como si se negociaran entre partes independientes, en un mercado abierto y competitivo, basándose en experiencias regionales y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Lo que buscamos lógicamente es no distorsionar los precios al momento de pago de impuesto”, expresó.
DUDAS. Sin embargo, persisten algunas dudas respecto al alcance de la normativa. Agustina Galeazzi, directora ejecutiva de Grant Thornton, que brinda servicios de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría, expuso avances en la legislación paraguaya con relación a otros países de la región, pero también planteó una serie de dudas que deberían esclarecerse en la reglamentación. Mencionó que por un lado la Ley N° 6380 no aclara si se deben analizar las transacciones realizadas con instituciones exoneradas como son las fundaciones sin fines de lucro, entidades religiosas y otros, tampoco menciona si están exentas las operaciones con empresas de zonas francas o maquiladoras o si se admitirá como parte testeada a la empresa del grupo multinacional que opera en el exterior.
Sobre el primer punto, Orué respondió que se podría establecer una normativa, pero que en realidad la reglamentación de los precios de transferencias está dirigida a la realidad paraguaya, refiriéndose a la exportación de commodities, tampoco aclaró si alcanzará a las zonas francas, aunque destacó que las empresas con estos regímenes especiales tienen una fuerte incidencia en el país. “Es una cuestión que tenemos que discutir internamente con los especialistas y con los asesores externos”, respondió sobre la posibilidad de analizar la perspectiva de las partes vinculadas no residentes en el país.
Para Orué también son desafíos la formación nacional e internacional de los auditores de las áreas de control, la construcción de una base de datos nacional e internacional para determinar los precios, así como lograr una calidad en los análisis de datos y poder compararlos.