Por Adolfo Ferreiro |
Según el diccionario, perito es el “sabio, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte”. También que es aquel que “poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa en relación con su especial saber o experiencia”.
Es decir, como se dice, “el que sabe” y “el que sabe, sabe”.
En este momento en que prospera el debate exacerbado sobre las instituciones de la democracia, la República y el Estado de derecho, más allá de lo teórico y con formulaciones de acción política inminente, tal vez sea oportuno prestar atención a peritos sobre la materia y superar el intríngulis mediático, donde se desenvuelve con histeria y oportunismo. Intríngulis significa intenciones solapadas o razones ocultas que se entrevén o suponen en las personas o las acciones. También, dificultad o complicación de una cosa.
No escapa a nadie que, compartiendo la suerte de algunos países desafortunados de la región, hay impacientes por los obstáculos para hacer lo que quieren. Cuestionan el orden constitucional republicano y democrático desde la idea de que no sirve para llegar a lo que proponen. Más aún, creen que los caminos cortos de la supresión fáctica serían legítimos, invocando mandatos difusos que provienen “del pueblo”, según ellos los entienden.
Esta manera de ver y proponer siembra incertidumbre y favorece la inestabilidad, el deterioro y la ruptura del pacto democrático. No discurramos sobre si eso es bueno o malo, conveniente o no. Simplemente, es el escenario que se ha instalado por causas que alguna vez tendremos que catalogar con rigor.
Hechos que indican lo que está ocurriendo son numerosos. Abundan las tribulaciones y vacilaciones conceptuales de altos exponentes políticos y el desvarío de intelectuales a la medida, sumándose a ello la operación directa de los que confrontan por el poder. Tampoco faltan acontecimientos violentos que parecen ser impelidos por la confusión de ideas y principios, como tiroteos entre particulares ante un Estado deficiente en su atribución de dirimir los conflictos conforme la Ley, en procedimientos pacíficos y justos, con garantía para las partes.
Parece que en medio de tanta confusión, la decadencia institucional y la implantación de la supremacía de los unos sobre los otros es el destino inexorable. Para peor, en el mismo gobierno, se escucha y se ve predilección por las prácticas encaminadas al debilitamiento del compromiso con las instituciones que hoy se cuestionan con frivolidad de intelecto.
Por ello los operadores de las instituciones de la República democrática, especialmente los partidos políticos y la comunidad intelectual, deberían avocarse decididamente a levantar el nivel del debate y reiterar eficientemente el compromiso con valores cuestionados por dinámicos militantes de las ideologías adversas al modelo político que se supone fundado y que juramos defender. No se trata de promover paranoias persecutorias, sino identificar con claridad los errores conceptuales y enfrentar las contradicciones y deserciones respecto de los principios básicos. Así se podrá llegar a señalar con claridad y enmendar conductas que son incompatibles con la democracia en su plenitud institucional.
Hay quienes saben de esto, peritos calificados para el debate y la propuesta. Es cuestión de escucharlos con respeto y prudencia, dejando de lado tanto antojo acomodado al interés creado por lo inmediato y las ambiciones que se presentan como dogmas de fe.