El activista, quien hoy cumple su segundo día en Paraguay, opinó que el país debe destinar mayores recursos a presupuestos para políticas sociales, en lugar de invertir en el gasto militar.
“La seguridad de la que hablan todos los gobiernos no pasa por poner más policías y soldados, por tener más control social, sino por mejorar las condiciones de vida, la educación, la salud, la vivienda o el trabajo”, aseguró.
Denunció además que “se está sacando a los pueblos originarios de sus territorios para entregarlos a grandes corporaciones, a la explotación masiva de recursos”, y agregó que ello ocurre junto a la expulsión de sus territorios de los pequeños campesinos.
“La soberanía alimentaria no está en manos de las grandes corporaciones, sino del pequeño y mediano productor rural, pero hoy les están echando de sus territorios cada vez más”, declaró.
Agregó que los informes urbanísticos dicen que en 2040 el 85 % de la población mundial va a vivir en grandes ciudades, y un síntoma de este proceso es la expulsión de los campesinos para implantar un “control alimentario” por parte de empresas agrícolas como Monsanto.
“Las semillas transgénicas, los agrotóxicos como el glifosato, la megaminería a cielo abierto, están haciendo un daño tremendo que provoca la destrucción de la salud, de las producciones de los pequeños productores rurales, y de sus poblaciones”, explicó.
Según el activista, este proceso está amparado en la militarización, que permite “meter miedo a la gente, controlar los movimientos sociales y hacer presos a los campesinos” que se organizan en procesos de resistencia.
Pérez Esquivel participa este martes de un foro social en la localidad paraguaya de Horqueta (norte), una de las zonas en las que opera la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y donde se encuentra desplazada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un contingente militar y policial destinado al combate a los grupos armados.
Destacó que en el país “no existe una hipótesis de conflicto por el ataque de un enemigo externo”, por lo que “se han inventado grupos armados” para defender intereses extranjeros sobre la tierra y los recursos, y proteger a empresas sojeras o represas hidroeléctricas.
“Paraguay siempre fue un país militarizado, durante la dictadura de (Alfredo) Stroessner, y los que le siguieron hasta el día de hoy (...). Eso del EPP es un invento para justificar el derrocamiento del presidente (Fernando) Lugo, y el aumento del presupuesto militar”, aseguró.
Como ejemplo de este tipo de conflictos artificiales, Pérez Esquivel señaló el caso Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas en un desalojo campesino, y propició la destitución de Lugo en un juicio parlamentario.
Añadió que el proceso judicial por el caso Curuguaty, en el que en julio once campesinos resultaron condenados a penas de entre 4 y 30 años de prisión, es “una aberración total”, e instó a que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El premio Nobel de la Paz comparó el caso Curuguaty con los procesos judiciales de Argentina y Chile en los que líderes indígenas del pueblo mapuche fueron condenados por la defensa de su territorio, y se les aplicó la ley antiterrorista para someterlos a penas elevadas.
“Esto daña mucho la democracia, que no es poner el voto en una urna, sino que significa derecho e igualdad para todos y todas. Si siempre los pobres van a ser castigados por aquellos que tienen más, si se reprime la lucha por los derechos de los pueblos, ahí vemos que esas democracias son más formales que reales”, concluyó.
María Sanz
