El debate sobre las intervenciones a las municipalidades debe hacernos reflexionar acerca del rol de estas importantes instituciones en el desarrollo del país y el bienestar de la población. Debemos superar la triste situación por la que atraviesan para empezar a debatir la manera en que deben ser fortalecidas para que beneficien a la gente.
Los gobiernos municipales están generalmente presentes debido a los escándalos de corrupción que aparecen casi cotidianamente. Si no son techos de escuela que se caen, es la venta de bienes públicos, la deficiencia en la provisión de servicios públicos como la recolección de basura o el control del tráfico, la ineficacia de los Consejos de la Niñez o la contratación indebida de recursos humanos y obras públicas.
Estos hechos políticos negativos restan legitimidad a una institución sumamente relevante para la comunidad en los ámbitos del desarrollo social y económico. Pasan desapercibidas funciones que tienen que ver con el impulso a la agricultura, el comercio y los servicios en la comunidad, el apoyo a los emprendimientos de quienes deciden arraigarse y no migrar, la protección a la niñez y a las mujeres, el apoyo al acceso a salud, agua y saneamiento, el control sanitario o la seguridad contra incendios. Además de la Ley Orgánica Municipal en la que se establecen las principales competencias, una serie de normas específicas les otorgan otras de igual relevancia, como la ley de la Pensión Alimentaria para Personas Mayores, el Código de la Niñez, la ley de Garantía Nutricional, entre otras.
Las municipalidades cuentan con múltiples fuentes de recursos para cumplir con estas responsabilidades; sin embargo, la pereza fiscal hace que no recauden lo suficiente con el impuesto inmobiliario y terminen dependiendo de las transferencias que les realiza el Ministerio de Hacienda, que no son pocos.
Las intervenciones y el castigo son necesarios porque la corrupción y la impunidad corroen los cimientos de la democracia y reducen la eficiencia y eficacia de la gestión. Sin embargo, no debemos dejar que estos escándalos políticos deslegitimen y opaquen el rol de los gobiernos locales. El castigo ejemplar a los corruptos debe complementarse con un profundo debate acerca de la importancia de las municipalidades, tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones públicas que tienen a su cargo el control y la evaluación de la gestión municipal, un mayor compromiso en la calidad de vida de las personas.
Solo de esta manera se podrán prevenir las conductas inapropiadas de políticos y funcionarios, limitar la necesidad de intervenciones e impulsar el mayor protagonismo local. La vida de los paraguayos y paraguayas cambiará radicalmente cuando las municipalidades actúen con honestidad y compromiso con la ciudadanía.
