Ahora el Gobierno debe solucionar el problema de buscar una salida entre la idea inicial y una nueva versión que tenga consenso, pero no sabe cómo resolver el dilema. La mayoría de los actores involucrados desconocen el proyecto, que Peña mantiene solo entre el ministro de Educación, Luis Ramírez, y la jefa de Gabinete, Lea Giménez.
Para intentar tapar la crisis, el oficialismo lanzó tímidamente un plan de “hambre cero” cuyos detalles no se conocen, más que una información difusa sin voceros., debido a la improvisación, y anunció que invertirán USD 270 millones más para el almuerzo escolar.
El Ejecutivo desconfía de la gestión de los intendentes, pero sumará más dinero al Fonacide justo antes de las elecciones municipales, que serán en 2026. Una contradicción que se intenta cubrir con otro elemento anunciado como parte del proyecto, que es el control.
Lea indicó que el programa tendrá desde el inicio más control a través de una auditoría recurrente.
Sin embargo, la principal institución que deberá encargarse de esta tarea, que es la Contraloría, no está preparada para detectar las irregularidades en el momento, porque no cuenta con presupuesto ni herramientas.
El contralor Camilo Benítez afirmó que no accedió aún al proyecto, pero que para poder llevar adelante la auditoría concurrente al almuerzo escolar que promete el Gobierno será necesario más dinero para comprar tecnología. Si ello, no se podrá aumentar el control. Indicó que hay que desarrollar una herramienta digital. También señaló que para ello están analizando la posibilidad de contar con un cooperante que invierta en un software.
Alcance. Actualmente, la alimentación llega solo al 18% de los alumnos del 1 al 9 grado, que serían 229.000 estudiantes, cuando el total es de más de 1.100.000.
El 25% de los recursos de Fonacide van destinados a las gobernaciones y municipios, que se encargan del reparto de los alimentos.
Frustrado. El proyecto que Santiago Peña iba a presentar y que sus voceros anunciaron como un cambio “radical” del Fonacide finalmente quedó suspendido. La idea del presidente era centralizar en una sola caja todos los fondos del almuerzo escolar y que sean manejados por el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero la presión política hizo que haya que retroceder. El ambiente no estaba para confrontar con intendentes y gobernadores que serían despojados de esos recursos. El peñismo técnico y el cartismo regional no pudieron consensuar.
Lea Giménez reconoció el fracaso del Fonacide y el almuerzo en más de 10 años de implementación. Indicó que partiendo del informe lapidario de la Contraloría decidieron modificar la ley y establecer una nueva versión, para evitar la corrupción y hacer que llegue a todos los niños. Negó la intención de centralizar y señaló que están buscando un mecanismo diferente para la entrega, sobre todo en comunidades pobres.
La propuesta cerrada se estaría presentando en un par de semanas ante el Congreso.
Varios referentes como el diputado Hugo Meza y otros reaccionaron en contra de la idea.
El proyecto tenía la intención de mejorar la distribución del almuerzo escolar, ya que la gestión de los intendentes presentó diversas irregularidades administrativas, e incluso hechos punibles.
