En prosecución del análisis del Presupuesto General de la Nación 2024, la Comisión Bicameral dictaminó por otorgar al Tribunal Superior de Justicia Electoral unos G. 15.000 millones más para el pago parcial del aporte estatal adeudado a los partidos políticos, tras la suspensión de las transferencias en el contexto de la pandemia Covid-19.
En medio de un clima tenso entre representantes de partidos minoritarios y el sector liberocartista, los integrantes de la comisión votaron, en mayoría, por incluir en el plan presupuestario del próximo año recursos para que el Estado pague la mitad de lo que adeuda a las nucleaciones políticas.
Según el TSJE, son G. 30.000 millones los que se deben a los grupos políticos en concepto de subsidio estatal, de los cuales el 50% serán abonados el año que viene y se espera que el saldo se abone en el 2025.
El tema fue analizado tras la decisión de eliminar cualquier tipo de aumento en dieta de autoridades del Estado (presidente, vicepresidente, 125 legisladores, 28 ministros, 39 viceministros y 26 directores). Los pedidos de incremento fueron presentados por el Poder Ejecutivo y causaron rechazo de la ciudadanía.
La intención de introducir los aumentazos era firme hasta el pasado viernes, pero la situación cambió luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, quien en principio defendió el pedido, dijera que esto formaba parte de una extorsión por parte de los legisladores.
Tras el rechazo a los aumentos, la Bicameral redireccionó los recursos a distintas instituciones.
Oficial. En una entrevista con ABC TV, el presidente Santiago Peña lamentó los recortes realizados por la Bicameral, indicando que el ahorro de 2 millones de dólares obtenidos mediante el rechazo del aumento de salarios para los parlamentarios y las autoridades del Ejecutivo fue a parar finalmente para el subsidio a los partidos políticos.
“Reasignaron USD 37 millones y –a tabla rasa– empezaron a sacar rubros de diferentes órganos de gastos y empezaron a reasignar, por ejemplo, USD 2 millones más a partidos políticos, pagos de tierras por expropiaciones a empresas privadas, aumentos de salarios a algunas instituciones, o sea lo que yo quería evitar, y con un costo menor”, dijo.
Peña agregó que ocurrió en definitiva un impacto “37 veces peor de lo que habíamos planteado, en una medida que reconozco que es impopular, teniendo en cuenta toda la necesidad que hay y nadie quiere aceptar que se les pague más a los legisladores”, según indicó el mandatario.
DEUDA. Bajo el argumento de seguir con la austeridad, el senador cartista Javier Zacarías Irún y el liberal Dionisio Amarilla sugirieron no aprobar los recursos solicitados para el pago parcial de la deuda a los partidos políticos. Amarilla planteó que los G. 15.000 millones sean redireccionados a los hospitales públicos.
El planteamiento de los legisladores fue interpretado como una intención de dejar sin oxígeno a las agrupaciones políticas minoritarias.
La Bicameral cerró ayer su dictamen del PGN 2024 y ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Recortes llegan a los USD 37,3 millones
Durante la sesión del pasado viernes, la Comisión Bicameral de Presupuesto encomendó a la Dirección del organismo mantener reuniones con representantes de las distintas bancadas, para analizar posibles recortes. El informe final estableció ajustes por USD 37,3 millones. Estos recursos fueron redireccionados para otras instituciones.
Entre los ajustes, se contempla la eliminación de gastos salariales por G. 15.000 millones, unos G. 10.000 millones en servicios bancarios, otros G. 10.000 millones en servicios de computación, G. 30.000 millones en jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas, así como G. 8.000 millones en el ítem de pasajes y viáticos.
También fueron aprobados recortes de G. 7.000 millones en la compra de bienes y consumos, G. 4.000 millones en remuneraciones extraordinarias, y otros G. 4.000 millones en servicios.
Las Cifras
15.000 millones de guaraníes es el monto que representaría la aprobación de los aumentos salariales propuestos por el Ejecutivo.
30.000 millones de guaraníes es lo que adeuda el Estado a los partidos políticos desde la suspensión de las transferencias.
