Peña se reunió ayer con los jefes comunales, dos por departamento, en Mburuvicha Róga, debido a que estos estaban molestos por haber sido excluidos del proyecto. Los dos motivos del conflicto eran que, según la idea original, del total de lo que reciben de los Royalties, se les restaba el 20% para destinarlo al Fondo Nacional del Almuerzo Escolar (Fonae), y el total de lo que reciben del Fonacide.
El proyecto Hambre Cero, por tanto, ya queda definido. Se elimina el Fonacide y el 80% de sus fondos van a la caja única que crea la ley, llamada Fonae, y el 20% permanece en las municipalidades. Este fue el punto de negociación en el que cedió Peña. En la propuesta original ese monto se les restaba a los intendentes y en la nueva, se les restituye. Del total de lo que reciben de Fonacide, las comunas usaban 30% para alimento y 70% para obras. Con el acuerdo, el 100% irá a infraestructura para la educación. Los municipios ya no se encargarán del almuerzo.
El almuerzo escolar será financiado en un 80% con el Fonae (USD 239 millones del extinto Fonacide) y 20% con fondos del Tesoro (USD 28 millones). Ya no se usarán los royalties, que integralmente quedan en poder de los intendentes, que fue la segunda cesión de Peña.
Lo que sigue igual es el mecanismo de administración, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (que controla el Fonae, capital y las gobernaciones de Central y Presidente Hayes), y las demás 15 gobernaciones se ocupan de sus departamentos.
El control sigue con el Conae, Contraloría y Contrataciones Públicas.
Peña le devolvió todos los recursos a los intendentes y aseguró que no se trató de una reculada, como señalaron los medios, y que ya hay consenso con parlamentarios. Afirmó que hubo tergiversación y les pidió perdón “si se sintieron agraviados”.
Esta es la segunda vez que Peña retrocede en su proyecto original. Antes de su presentación, la idea era centralizar los recursos y excluir no solo a intendentes, sino a gobernadores. Estos últimos lograron volver a ingresar al plan.
Peña finalmente anunció que impulsará que los impuestos inmobiliarios queden en los municipios y no en las gobernaciones, como establece la Constitución.
