El presidente de la República, Santiago Peña, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero dentro del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un monto de G. 38.180.500.000.
Este pedido de ampliación presupuestaria ya había sido presentado por el Poder Judicial el mes pasado y aprobado por el Congreso.
El presidente de la CSJ, César Diesel, explicó que los recursos estarán destinados a financiar gastos en servicios personales, no personales, bienes de consumo e inversión física. Precisó que la fuente de financiamiento corresponde a recursos institucionales (Fuente 30), indispensables para cumplir con obligaciones pendientes ante la falta de créditos presupuestarios suficientes.
La propuesta responde a una modificación en la estructura del anexo de personal, con el objetivo de realizar ajustes derivados de la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) y alcanzar equiparaciones necesarias.
El presidente de la Corte Suprema explicó cuando fue al Senado, que gracias al aumento en la recaudación del Poder Judicial durante el presente ejercicio fiscal, se plantea una ampliación que permitirá afrontar compromisos ya adjudicados y contratos actualmente en curso. En ese sentido, precisó que la ampliación solicitada tiene por objetivo corregir ciertos defectos estructurales y asegurar la ejecución efectiva de proyectos en desarrollo.
El director general de Administración y Finanzas de la CSJ, Mirko Duré, explicó que la modificación en el anexo de personal contempla el traslado de ciertos cargos que no han sido utilizados.
Mencionó, en particular, que los cargos de médicos forenses asignados a la administración de justicia en el Departamento de Alto Paraná no fueron ocupados, por lo que se plantea transferir esas líneas presupuestarias a psicólogos, quienes desempeñan funciones claves en el fuero de la Niñez y la Adolescencia.
“Establécese que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia serán Responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”, señala el decreto.
La propuesta busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, según señalaron desde la Corte Suprema de Justicia, al defender el pedido.
38.180 millones de G. es el monto aprobado por el Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia para financiar gastos.
