Paz anunció la medida con un mensaje en sus redes sociales y otro televisado, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país, que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).
“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió el gobernante en sus redes sociales.
Paz aseguró que esta medida “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y que su Gobierno mantendrá las puertas “abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.
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“Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”, agregó.
En el mensaje televisado, Paz explicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.
También justificó que cuando comenzaron las protestas, decidió “dialogar antes de confrontar”, en un intento por diferenciar a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que buscaron “transformar una protesta social en una estrategia” de “ruptura democrática constitucional”.
“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, manifestó.
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Reiteró su acusación de que detrás de esto hay “estructuras políticas organizadas” que supuestamente operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Evo Morales en el centro del país.
El mandatario lamentó que este “intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “perdidas económicas incalculables”, por lo que, después de agotar “todas las instancias de diálogo” y lograr acuerdos “con quienes tenían demandas legítimas”, decidió declarar el estado de excepción.
Según información difundida por la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí “quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”.
También se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para “proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento”.
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La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales.
La Central Obrera dispuso el viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y los afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia de Paz.
El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
Fuente: EFE.
