La Pastoral Social Nacional, órgano perteneciente a la Conferencia Episcopal Paraguaya, emitió un comunicado respecto al violento desalojo que sufrieron las familias de la comunidad indígena 15 de Enero el pasado 9 de junio.
Su pronunciamiento se suma al repudio de varias oenegés que se hicieron eco del atropello a las tierras ancestrales de los mbyás del distrito de Nueva Toledo, en el Departamento de Caaguazú.
El órgano recordó que Estado paraguayo tiene “la obligación constitucional de acompañar las reivindicaciones de las comunidades indígenas” respecto al acceso y la propiedad de las tierras, así como también debe proteger sus derechos humanos.
El desalojo afectó a unas 17 familias indígenas, que incluyen a más de 40 niños, ancianos y adultos con discapacidad.
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Los mismos quedaron en la intemperie, expuestos al frío y abandonados al costado de la ruta, de acuerdo con el comunicado.
La Pastoral citó los artículos de la Constitución Nacional y convenios que amparan a las comunidades indígenas, por lo que insta al Gobierno a adoptar “medidas urgentes para precautelar los derechos de las comunidades indígenas afectadas por problemas de tenencia y propiedad de tierra”.
El terreno de 200 hectáreas que ocupaban los integrantes del pueblo Mbyá se encuentra en litigio judicial desde hace más de una década. Con presencia policial, fueron obligados a abandonar esas tierras.
